El desalojo de la toma Yevide en San Felipe, Región de Valparaíso, fue postergado 24 horas y se concretará este jueves 8 de octubre. La medida, que debía ejecutarse este miércoles, responde a la proximidad de un sistema frontal y al funeral del carabinero Jaime Urrea, fallecido en Quilleco.
La decisión se tomó tras una reunión de coordinación que incluyó a la Delegación Presidencial Provincial, la Municipalidad de San Felipe, Carabineros, Esval y otros organismos. El delegado presidencial provincial, Sebastián Caldera, enfatizó que la postergación busca mostrar empatía con el duelo institucional de Carabineros y evitar que las familias sean desalojadas bajo condiciones climáticas adversas.
“El desalojo se mantiene, pero se aplaza 24 horas. Motivo es la empatía, tanto con el duelo de Carabineros, que mañana tienen el funeral del nuevo mártir, que aprovechamos de enviar la sincera condolencia a toda la institución, y además el sistema frontal que se avecina, que también por motivos de empatía con la gente que aún queda que desalojar, no la vamos a desalojar con lluvia», afirmó Caldera.
Durante los días previos, varias familias abandonaron voluntariamente el terreno y desarmaron sus viviendas. Sin embargo, según dirigentes del asentamiento, aún quedarían entre 40 y 50 viviendas habitadas por personas que no tendrían un lugar a donde trasladarse.
Victoria Garrao, una de las dirigentes, cuestionó la falta de diálogo formal con la Municipalidad y la Delegación Presidencial para abordar la situación de las familias, a pesar de la inminencia del desalojo. “Hasta el día de hoy, que ya estamos aproximadamente a dos o tres días de que se efectúe el desalojo, nunca tuvimos nosotros como dirigentes aquí en el campamento Yevide algún tipo de mesa de diálogo, no sé cómo la podríamos llamar, ni con la Municipalidad ni con la Delegación”, sostuvo.
Este procedimiento se produce luego de la operación policial “Sin Cobertura II”, donde la PDI ejecutó 62 órdenes de entrada y registro en el campamento, resultando en la detención de 51 personas por robo y receptación de equipamiento eléctrico.
Esval, propietaria del terreno, ha confirmado que trabaja coordinadamente con las autoridades para cumplir la orden judicial. La sanitaria desplegará maquinaria y personal especializado para resguardar su infraestructura y asegurar la continuidad del servicio de agua en la zona.
