Aunque la investigación principal del caso Puerto Coronel ha sido cerrada, una arista separada continúa indagando a la compañía como persona jurídica. Esta nueva causa, aún desformalizada, busca determinar si la empresa obtuvo beneficios ilícitos por pagos efectuados a autoridades locales, incluyendo al alcalde de Coronel.
La fiscal anticorrupción de Coronel, Glenda Lagos, confirmó que esta investigación se originó a raíz de una ampliación de querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado. Se centra en la posible responsabilidad penal de Puerto Coronel S.A. por el delito de soborno.
La separación de estas causas fue necesaria porque Puerto Coronel no podía figurar simultáneamente como “víctima” e “imputada” en la misma investigación. En el caso del alcalde Boris Chamorro, el Ministerio Público le imputa la recepción de 82 millones de pesos entre mayo de 2022 y noviembre de 2023, mediante pagos en efectivo. Por su parte, el concejal Eduardo Araya habría recibido 69 millones de pesos, principalmente a través de transferencias bancarias.
“Está en una investigación separada, donde está en materia de investigación la responsabilidad penal que pueda tener la persona jurídica, Puerto de Coronel, Sociedad Anónima, por el pago de sobornos a autoridades de la comuna de Coronel, que son de elección popular”, precisó la fiscal Lagos.
Hasta el momento, la portuaria no ha sido formalizada como persona jurídica en esta nueva arista. La Fiscalía indaga si estos pagos a las autoridades tenían como objetivo directo generar algún tipo de beneficio para la empresa.
Respecto a la causa original, el caso Puerto Coronel investigó un total de $2.500 millones. De esta suma, más de $2.159 millones se atribuyen a perjuicios por administración desleal directamente relacionados con la empresa. Uno de los principales mecanismos detectados fue el “uso de facturas por servicios inexistentes o previamente pagados”.
Según la acusación, Hernán Romero Sáez, propietario de Servicios Caryher Limitada, emitía facturas que justificaban egresos de Puerto Coronel, para luego devolver parte del dinero, reteniendo una comisión. Este esquema habría permitido la extracción de más de $1.022 millones.
