El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, arremetió contra la denominada megarreforma impulsada por el Gobierno del presidente José Antonio Kast y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) declarara inconstitucionales tres grupos de normas del proyecto.
A través de sus redes sociales, el parlamentario cuestionó al Ejecutivo. “La megarreforma de Kast y Quiroz sigue perdiendo en el Tribunal Constitucional”, sostuvo Ibáñez, quien también fue uno de los legisladores que presentó requerimientos ante el organismo.
El senador detalló que el pronunciamiento afecta a “la reclamación judicial que subsistía del régimen de indemnización por anulación de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA); las condiciones impuestas a los municipios para recibir compensación por la exención de contribuciones a adultos mayores; y la exención temporal de aportes al Fondo Común Municipal que eximía a las 4 municipalidades más ricas de aportar”.
“Se les dijo de todas las formas posibles. ¿Se imaginan si un gobierno de izquierda empujara dichas inconstitucionalidades? ¿Qué habrían dicho? Una vergüenza”, agregó el legislador frenteamplista.
Estas declaraciones se producen después de que este viernes el Tribunal Constitucional cerrara el control preventivo obligatorio de la Ley de Reconstrucción Nacional y Reactivación Económica, conocida como megarreforma.
El organismo declaró inconstitucionales tres grupos de normas que deberán ser eliminados del proyecto antes de su promulgación. Uno de ellos corresponde al artículo 12, que permitía reclamar ante la Corte de Apelaciones de Santiago respecto del monto de una indemnización vinculada a proyectos cuya RCA hubiese sido anulada judicialmente.
El TC ya había declarado inconstitucional en agosto el derecho a indemnización contemplado originalmente en el proyecto y ahora concluyó que mantener dicha reclamación permitiría que parte de aquel régimen subsistiera de manera indirecta.
Asimismo, el tribunal objetó parte del mecanismo diseñado para compensar a los municipios por la menor recaudación asociada a la exención de contribuciones para adultos mayores. En concreto, declaró inconstitucional la exigencia de reducir en al menos un 30% los tiempos de tramitación de determinados permisos para acceder a las compensaciones, al estimar que resultaba incompatible con el carácter solidario del sistema municipal y del Fondo Común Municipal.
Finalmente, eliminó una disposición transitoria que permitía durante 2027 y 2028 que determinadas municipalidades retuvieran mayores ingresos sin aportarlos al Fondo Común Municipal. Con este pronunciamiento, la megarreforma queda en condiciones de avanzar hacia su promulgación, pero sin las normas objetadas por el Tribunal Constitucional.
