La partida de Luis Maldonado del Conservador de Bienes Raíces de Santiago ha generado controversia, marcando una disputa con su sucesor sobre la entrega del cargo. Maldonado, quien dejó sus funciones tras 29 años como conservador de los registros de Propiedad, Comercio y Aguas de Santiago, asegura haber notificado su cese y solicitado una entrega formal. Sin embargo, Carlos Miranda, el nuevo conservador, niega haber recibido la documentación y considera iniciar una auditoría interna.
Esta transición se enmarca en la reforma al sistema notarial y registral que entró en vigor, estableciendo el cese de funciones para notarios, conservadores y archiveros que hayan cumplido 75 años. Esta normativa busca renovar un sistema con más de cien vacantes y pone fin a cargos que solían extenderse por décadas. En total, 35 titulares deben abandonar sus puestos durante este mes debido al nuevo límite de edad.
Maldonado emitió una declaración pública para aclarar lo que calificó de “mentiras e imprecisiones” sobre su situación. En ella, desmintió que su exesposa trabajara en el Conservador, aclarando que ella falleció el pasado 17 de septiembre y nunca fue funcionaria. Respecto a la entrega, afirmó haber enviado un informe por correo electrónico a la fiscal judicial el día anterior, comunicando su cesación y solicitando la designación de un funcionario para la entrega formal, según lo estipulado por el Código Orgánico de Tribunales.
“No se me hizo entrega, por parte del señor Maldonado, ni formal ni informalmente, de su cargo, como establece la ley. Eso me obliga a tomar algunas medidas, entre otras, quizás una auditoría interna para los efectos de poder hacer los levantamientos de registros, documentos y otros que debió habérseme hecho entrega en conformidad a lo que establece la ley”, apuntó Miranda.
Carlos Miranda, al frente del Conservador de Santiago, asegura que, pese a la afirmación de Maldonado, la entrega formal del cargo no se concretó. Explicó que actualmente el oficio opera como una unidad única, bajo su control en los tres registros. Ante la falta de documentación, Miranda evalúa realizar una auditoría para verificar el estado de los registros.
Miranda también se reunió con los sindicatos y los fiscales judiciales para recopilar información sobre el personal y el funcionamiento. Aunque reconoció la incertidumbre entre los trabajadores, afirmó que el servicio operó con normalidad. La nueva administración busca implementar un sello de modernización y mayor enfoque en el servicio público, en línea con los objetivos de la reforma notarial que el Gobierno defiende como un cambio con suficiente tiempo de preparación desde su publicación en octubre del año pasado.
