Miles de personas murieron por dos fuertes terremotos que sacudieron la franja costera de La Guaira el 24 de junio, un desastre que científicos habían advertido con años de anticipación. El terreno era de mala calidad, cercano a una falla geológica activa y con antecedentes de deslizamientos e inundaciones.
A pesar de las advertencias, el gobierno ignoró las recomendaciones y levantó decenas de torres de apartamentos de hormigón en 2011. Este error, de hace 15 años, explica por qué más de 6.500 personas perdieron la vida en el reciente desastre. Al menos 14 torres colapsaron casi de forma simultánea, derrumbándose un piso sobre otro y provocando explosiones de tanques de gas. Cámaras de seguridad cercanas a una bolera en Caraballeda registraron el colapso de ocho edificios en menos de un segundo.
La Guaira, cerca de Caracas, ha sido históricamente una zona de desastres naturales, devastada por un terremoto en 1967 y por inundaciones y deslizamientos de tierra en 1999, que cobraron la vida de decenas de miles de personas. Tras la tragedia de 1999, el entonces presidente Hugo Chávez encargó al ingeniero Carlos Genatios un plan de reconstrucción que incluía restricciones en el uso del suelo costero.
Genatios explicó que esas zonas debían reservarse para “estructuras muy ligeras, parques, pistas deportivas o instalaciones similares que no causen daños importantes y, sobre todo, que no provoquen víctimas mortales”.
El motivo era que el suelo, compuesto por sedimentos sueltos acumulados durante siglos por inundaciones, amplifica las vibraciones sísmicas, haciendo que el terreno se comporte como gelatina. A pesar de estas claras recomendaciones, el gobierno de Chávez construyó 43 torres, la mayoría de entre 10 y 20 pisos, en el estado de La Guaira, bajo el programa “Gran Misión Vivienda Venezuela”.
Estos complejos de altura, como los edificados en Caraballeda, son propensos a la resonancia, un fenómeno donde la estructura oscila al mismo ritmo que las ondas sísmicas, lo que aumenta la presión y puede llevar al colapso. No se sabe si los contratistas cumplieron con los códigos de construcción sismorresistente o si se realizaron estudios de suelo, ya que el gobierno nunca hizo públicos estos documentos.
Francisco “Farruco” Sesto, quien dirigió la oficina de vivienda de Chávez, no respondió a la solicitud de entrevista. Días después del terremoto, Sesto afirmó sin pruebas que los terrenos habían sido estudiados y culpó al sector privado, calificando las críticas de “campaña insidiosa y maliciosa”.
Entre los escombros se encontró poliestireno expandido, lo que generó acusaciones de residentes sobre el uso de materiales baratos para reducir costos, en un contexto de corrupción documentada entre funcionarios y contratistas. Mientras las torres de Caraballeda se desplomaban, en Caracas, al otro lado de la cordillera, edificios con condiciones de amplificación sísmica similares resistieron el mismo terremoto porque su diseño permitió disipar la energía sin romperse.
El gobierno actual, liderado por Delcy Rodríguez, ha ofrecido poca información sobre las causas del derrumbe y ya anunció nuevos terrenos para la reconstrucción. Expertos consultados esperan que, esta vez, se eviten los errores de hace 15 años.
