Andes Iron decidió desistir de los recursos de casación y de queja que había presentado ante la Corte Suprema por el proyecto minero-portuario Dominga. Esta acción judicial retrotrae el proceso al 7 de enero de 2025 y cierra una etapa de litigios que la empresa había iniciado tras el rechazo del proyecto en febrero de 2026 por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que ratificó una decisión previa del Comité de Ministros en 2025 bajo la administración de Gabriel Boric.
La compañía señaló que la resolución del Comité de Ministros de enero de 2025 habría contravenido lo dictaminado por el Primer Tribunal Ambiental. Organizaciones sociales interpusieron diversas solicitudes de invalidación contra la referida resolución. Con el fin de “no obstaculizar su avance”, Andes Iron optó por desistir de sus propios recursos judiciales, buscando una adecuada ejecución de la sentencia que, a su juicio, validó favorablemente la evaluación ambiental del proyecto.
La decisión de la empresa permite que las solicitudes de invalidación presentadas por organizaciones sociales avancen, ya que la tramitación de los recursos de casación y de queja de Andes Iron en la Corte Suprema había “congelado el avance” de dichas solicitudes. La declaración de la firma enfatizó que sus acciones legales previas buscaban asegurar la correcta aplicación de un fallo que calificó como positiva la evaluación del proyecto.
En la actualidad, el Servicio de Evaluación Ambiental admitió a trámite una solicitud de invalidación vinculada al rechazo de Dominga, lo que abre una nueva instancia administrativa. Esto podría llevar a que el proyecto sea revisado nuevamente por el Comité de Ministros, aunque ahora bajo una diferente administración gubernamental, la de José Antonio Kast.
Andes Iron considera prioritario rectificar una “actuación administrativa que se realizó en desacato”. La compañía argumenta que su determinación se tomó en respeto y deferencia a las organizaciones sociales que buscan “progreso y desarrollo para la región de Coquimbo”.
