El Senado aprobó en general la iniciativa conocida como “Ley Sin Escape”, una reforma clave al Código Procesal Penal. Con 29 votos a favor y dos en contra, el proyecto busca posibilitar el juzgamiento y la dictación de sentencias para acusados que se ausenten injustificadamente de un juicio.
La propuesta, impulsada por la otrora ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, tiene como meta central impedir que la incomparecencia o rebeldía del imputado obstaculice de manera absoluta el proceso penal y la emisión de un fallo. La próxima semana se discutirá en particular, con 57 indicaciones ya presentadas.
La reforma introduce modificaciones en los procedimientos ordinario y simplificado para evitar el sobreseimiento temporal automático. Esto significa que la ausencia notificada del imputado ya no suspenderá indefinidamente los juzgamientos, agilizando los tiempos de la justicia.
Además, se establecen garantías para resguardar el debido proceso. Se exige una notificación válida previa, una advertencia expresa sobre las consecuencias de no comparecer y la obligatoriedad de contar con defensa letrada o técnica efectiva para el acusado. Estas medidas buscan equilibrar la celeridad con los derechos fundamentales.
Otro punto relevante es la implementación de la persecución y ejecución preferente. Esto faculta a las policías y al Ministerio Público para decretar órdenes de aprehensión y medidas de localización tras la sentencia dictada en ausencia, asegurando que los fallos puedan ser aplicados.
El debate en la Sala se extendió durante el martes 22 y miércoles 23 de septiembre. Los partidarios de la ley destacaron su contribución a la celeridad y al combate contra la impunidad, señalando que la incomparecencia ha sido una fuente recurrente de frustración y revictimización en el sistema chileno.
Se agregó que el modelo sigue estándares internacionales y que era “necesario enmendar un desequilibrio normativo que favorecía la fuga del imputado”.
Las voces críticas expresaron reservas sobre las garantías y la necesidad de analizar detalladamente las observaciones de la Corte Suprema. Insistieron en mantener altos estándares en el debido proceso y los regímenes de recursos, y se solicitó que la iniciativa fuera revisada por la Comisión de Constitución debido a sus implicaciones.
