La Contraloría General de la República reveló significativas demoras en la tramitación de sumarios administrativos dentro de la Administración Central del Estado. Esta situación motivó a legisladores a buscar medidas que permitan establecer responsabilidades y aplicar sanciones a los jefes de servicio.
La diputada Joanna Pérez (Partido Demócrata) anunció que presentará el tema ante la Comisión de Gobierno de la Cámara. Además, buscará extender la revisión a las municipalidades, ya que estas no fueron incluidas en el informe del organismo contralor.
El último Consolidado de Información Circularizada, que consultó a 662 organismos públicos, expuso que 485 funcionarios públicos permanecen suspendidos de sus funciones y continúan percibiendo remuneraciones sin que sus sumarios se resuelvan. En algunos casos, estos procesos alcanzan hasta cuatro años y siete meses. Solo los diez sumarios de mayor duración han generado un desembolso cercano a los 671 millones de pesos en remuneraciones.
“Sí, existe riesgo de que las jefaturas pudieran caer en eventuales responsabilidades administrativas y ser también objeto de sumario”
Rodrigo Espinoza, director de la Escuela de Administración Pública UDP, indicó que tanto el fiscal designado para el sumario como el director del organismo pueden ser sancionados por las extensas demoras, dado que el plazo legal para resolver es de 60 días.
Por su parte, Pablo Alarcón, director de la Escuela de Derecho U. Finis Terrae, aclaró que para que se aplique una sanción al director de servicio, sería necesario abrir un nuevo sumario por parte de una autoridad superior. Alarcón explicó que la responsabilidad no recae únicamente en el fiscal, sino también en quien lo designó.
En respuesta a la situación, diversos diputados solicitaron al Consejo de Defensa del Estado evaluar posibles acciones civiles y penales contra los responsables de estas prolongadas tramitaciones. El diputado de Renovación Nacional Diego Schalper enfatizó la necesidad de que el Congreso asuma un rol fiscalizador activo.
“Los chilenos miran con mucha rabia cuando se producen estas situaciones y acá tiene que haber una respuesta clara y contundente de parte de aquellos que estamos a cargo de la fiscalización”
La diputada Pérez reiteró su compromiso de abordar el tema en la Comisión de Gobierno junto a la Contraloría. El objetivo es “buscar una solución para no malgastar los recursos públicos” y garantizar que los municipios también sean fiscalizados.
El principal desafío ahora es identificar los cambios administrativos o legislativos necesarios para evitar que los sumarios se extiendan por años. Desde el Congreso, la meta es establecer responsabilidades claras y agilizar estos procesos para un uso eficiente de los fondos públicos.
