Christa Pike, de 50 años, la primera mujer en ser condenada a pena de muerte en Tennessee, Estados Unidos, en más de 200 años, busca que su sentencia sea reconsiderada. Su equipo legal presentó una petición de clemencia que reabre el debate sobre los criterios para la pena capital en el país.
Aunque Pike fue declarada culpable de un asesinato en 1995, sus abogados argumentan que su castigo debería replantearse. La petición de 226 páginas detalla que la acusada tenía 18 años al momento del crimen. De haber sido tan solo diez meses menor, su caso habría sido tratado bajo protección legal, similar a su cómplice Tadaryl Shipp, quien tenía 17 años y ahora cumple cadena perpetua.
El documento también revela la compleja infancia de Pike, marcada por severos abusos. Sufrió múltiples violaciones por tres hombres y constantes agresiones físicas por parte de sus familiares. Sandra Babcock, directora académica del Centro Cornell sobre la Pena de Muerte a Nivel Mundial y abogada de Pike desde 2019, explicó a The Guardian que este es un caso único entre las 48 mujeres condenadas a muerte en Estados Unidos.
Si ejecutan a Christa Pike, se confirmará que la pena de muerte no está reservada para los peores criminales, sino para los más dañados y vulnerables entre nosotros.
Babcock enfatiza que la magnitud de la violencia sexual y física que padeció hace de Pike un “caso excepcional”. Critica que durante su juicio original no se consideraran estos abusos, ni sus intentos de suicidio, el primero a los 12 años. Tras el juicio, fue diagnosticada con trastorno bipolar, una condición desarrollada en la adolescencia que le provocaba episodios maníacos.
La petición de clemencia, que reúne estos antecedentes, ha sido presentada al gobernador de Tennessee, Bill Lee, quien aún no ha emitido una respuesta. El equipo legal no busca un indulto total, sino que Pike sea “castigada severamente”, pero insisten en que “no es la peor de las peores”. Sus abogados concluyen que “Christa estaba rota, no era malvada. Fue rota por un sistema de salud mental, de justicia juvenil y penal que la ignoró, la diagnosticó erróneamente y la maltrató en todo momento.” El caso continúa en debate mientras se espera una decisión gubernamental.
