La bancada de la UDI exigió a la Cancillería chilena una respuesta formal a Francia, pidiendo llamar a consultas al embajador galo en Chile, Cyrille Rogeau. Esta solicitud surge tras el reciente reconocimiento otorgado en el país europeo al exlíder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul.
La petición fue impulsada por el presidente del partido, Guillermo Ramírez, y los diputados Cristóbal Martínez y Eduardo Cretton, estos últimos miembros de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja y representante por La Araucanía, respectivamente. Los parlamentarios manifestaron su rotundo rechazo a la entrega de una medalla de la Asamblea Nacional francesa a Llaitul, distinción gestionada por el diputado franco-chileno Rodrigo Arenas y recibida en París por el hijo del exlíder de la CAM.
Cabe recordar que Llaitul cumple una condena de 23 años de prisión, luego de ser declarado culpable de delitos contemplados en la Ley de Seguridad Interior del Estado y otros ilícitos. La UDI calificó el reconocimiento como “absolutamente inaceptable” e instó al Gobierno a manifestar su descontento ante las autoridades francesas.
“Creemos que la Cancillería debe expresar formalmente su molestia y llamar a consultas al embajador francés”, señalaron Ramírez, Martínez y Cretton.
Los diputados cuestionaron que esta distinción podría interpretar a Llaitul como víctima de una persecución política, postura que fue reforzada durante la ceremonia en Francia por el hijo del exlíder, quien afirmó que la condena de su padre es de carácter político.
Adicionalmente, los diputados gremialistas solicitaron que, en una eventual reunión con Rogeau, se aborde la situación de Ricardo Palma Salamanca. El exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez fue condenado en Chile por su participación en el asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991. Francia le concedió asilo político en 2018, pese a la solicitud de extradición por parte de Chile.
Los parlamentarios criticaron que Francia haya otorgado protección a Palma Salamanca y señalaron una “deuda pendiente” con Chile. Subrayaron que una persona condenada por un delito terrorista no debería evadir una sentencia chilena bajo la protección de otro Estado, planteando la necesidad de una postura firme por parte de la Cancillería.
