El Gobierno confirmó este miércoles el retiro del reglamento de la Ley de Seguridad Municipal que se encontraba en la Contraloría. La medida se tomó tras la polémica generada por una de sus disposiciones, que los alcaldes vincularon a una posible causal de cesación del cargo.
La decisión fue comunicada por el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, durante una reunión con las principales asociaciones municipales. El objetivo del encuentro era abordar las inquietudes surgidas en torno a la normativa.
La controversia se centró en el artículo 8 del reglamento. Este establecía obligaciones para los municipios en la verificación de requisitos de los directores de Seguridad Pública e inspectores municipales. El texto señalaba que el incumplimiento de estos deberes podía acarrear responsabilidades administrativas.
Además, el artículo indicaba que, si estas responsabilidades recaían en el alcalde, podrían configurar la causal de notable abandono de deberes. Esta disposición fue fuertemente cuestionada por diversos jefes comunales.
Desde el Gobierno, se había defendido que la disposición no creaba una nueva causal de destitución. Argumentaron que solo explicitaba una responsabilidad ya contemplada en la legislación municipal, cuyo procedimiento se tramita ante el Tribunal Electoral Regional. Sin embargo, la redacción generó críticas transversales.
La Asociación Chilena de Municipalidades había solicitado el retiro del reglamento de Contraloría y la apertura de un nuevo proceso de trabajo. Varios alcaldes también cuestionaron que un asunto de esta relevancia fuera precisado mediante un reglamento.
El retiro se concretó después de que el ministro de Seguridad, Martín Arrau, expresara la disposición del Ejecutivo a realizar modificaciones si las observaciones lo requerían. A pesar de la polémica, el Gobierno sostiene que no hubo un error en el reglamento, sino que será modificado para evitar interpretaciones diversas y asegurar claridad en su aplicación futura.
