El Senado ha iniciado la tramitación de dos proyectos de ley con el objetivo de reforzar la protección de diversas autoridades frente al crimen organizado, tras la revelación de un plan para asesinar al alcalde de San Bernardo, Christopher White.
Una de las iniciativas, impulsada por la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, propone ampliar el listado de víctimas protegidas en casos de homicidio por encargo. Actualmente, este listado incluye a jueces penales, fiscales, defensores públicos, Carabineros, PDI y Gendarmería.
La propuesta de Vodanovic busca incorporar a alcaldes, gobernadores regionales, el ministro de Seguridad Pública, subsecretarios y seremis de dicha cartera, delegados regionales y provinciales, y directores de Seguridad Pública provinciales y comunales. Además, se añadiría una cláusula general que ampare a cualquier autoridad vinculada con la seguridad pública o la prevención del delito.
El proyecto también establece que cuando un homicidio por encargo sea cometido contra alguna de estas autoridades, la sanción aplicará la pena de consumado desde el grado de tentativa. La senadora por la región del Maule señaló que, si bien aumentar las penas no siempre soluciona todos los problemas de seguridad, “por cierto ayuda a que no tengamos este tipo de amenazas”, y solicitó al Gobierno que le dé urgencia a la tramitación.
Subir las penas no siempre es la única solución, pero por cierto ayuda a que no tengamos este tipo de amenazas. También es una señal que el gobierno eventualmente le dé una urgencia a este proyecto.
Paralelamente, los senadores Karim Bianchi, Loreto Carvajal, Juan Luis Castro, Paulina Núñez y Cristian Vial ingresaron otro proyecto. Esta iniciativa busca modificar el mismo listado de protegidos, enfocándose específicamente en alcaldes y concejales ante conspiraciones contra sus vidas.
El senador independiente por el Partido Republicano, Cristian Vial, reconoció que el Código Penal ya contempla este tipo de situaciones, pero destacó que la inclusión explícita de jefes comunales y ediles implicaría penas más severas para quienes planifiquen atentar contra ellos. “La persona que se concierte para atentar contra la vida de una autoridad comunal podría ser privada de libertad hasta por 10 años”, afirmó.
Ambas propuestas legislativas han sido remitidas a la comisión de Seguridad Pública para su discusión, donde existe la posibilidad de que sean fusionadas en un solo texto con el fin de agilizar su proceso de aprobación.
