A seis meses de asumir el poder, el Gobierno de José Antonio Kast enfrenta una inesperada dificultad: la descoordinación interna. Aunque no se trata de una crisis de gabinete ni una ruptura oficialista, comienza a instalarse una sensación de que el Ejecutivo avanza a ritmos desiguales, lo que se ha denominado la “cojera” del Gobierno. Esta situación se evidencia en varios frentes, como los roces entre Renovación Nacional y el ministro de Defensa, Fernando Barros, las trabas en la reforma de seguridad impulsada por Martín Arrau, las tensiones con Argentina y Javier Milei, y la decisión de no realizar un acto oficial por el 11 de septiembre.
Estos episodios, aunque diversos, apuntan a un problema común: la dificultad de La Moneda para administrar las distintas sensibilidades dentro de un oficialismo más amplio que el partido del Presidente. En este contexto, se observa un contraste notable dentro del propio gabinete: mientras Arrau lucha por construir acuerdos, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, ha sido reconocido, incluso por la oposición, por su enfoque dialogante.
La situación con el ministro Fernando Barros y la presidenta del Senado, Paulina Núñez, ilustra este problema. Núñez criticó las intervenciones de Barros en temas de seguridad, ironizando que “parece vocero opinando de todo”. Este impase, según fuentes de El Reporte Diario, revela una preocupación más amplia en el oficialismo sobre el modelo comunicacional del Gobierno. La ausencia de un vocero político que centralice y ordene las respuestas estaría generando una “ansiedad” entre los ministros por pronunciarse sobre temas que exceden sus competencias directas. Esto resulta en que varias autoridades emitan respuestas sobre una misma contingencia sin una voz política articulada, lo que lleva a la descoordinación. El incidente Barros-Núñez dejó en evidencia que un ministro puede defender una postura que considera coherente con el Gobierno, pero su intervención puede generar un problema político con un partido oficialista o el Congreso. Para un Gobierno que prometió orden, esta falta de una conducción comunicacional centralizada es una contradicción evidente.
La comparación entre Martín Arrau y Fernando Rabat es particularmente reveladora. Ambos ministros son clave en la estrategia contra el crimen organizado y tienen responsabilidades importantes en la agenda de seguridad. Sin embargo, sus resultados políticos difieren. Arrau enfrenta presiones, incluso desde el oficialismo, para destrabar su reforma constitucional de seguridad, mientras que Rabat ha logrado avanzar en diversas iniciativas a través de una estrategia basada en la construcción de acuerdos. El Ministerio de Justicia, bajo Rabat, consiguió despachar por unanimidad la ampliación de 12 a 24 horas del plazo para configurar una hipótesis de flagrancia y previamente avanzó con la denominada Ley Antipe.
