Los diputados Alejandra Valdebenito y Eduardo Cretton, ambos de la UDI, cuestionaron las recientes declaraciones de Cristián Pertuzé, consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Pertuzé había criticado la reforma constitucional en materia de seguridad, lo que los parlamentarios calificaron de “extemporáneos e insólitos”, especialmente en un momento donde se buscan acuerdos para definir los cambios a la iniciativa.
Según Valdebenito, el INDH carece de la autoridad moral para pronunciarse sobre una reforma de seguridad, dada la existencia de “serios cuestionamientos respecto de su propio actuar”. La diputada señaló específicamente la percibida inacción del instituto frente a episodios de violencia en la Macrozona Sur, donde, a su juicio, ha habido una “ausencia de acciones contundentes frente a hechos de violencia y terrorismo”.
Además, recordó la polémica interna que surgió en el organismo cuando el exdirector Sergio Micco negó la existencia de violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante el estallido social. Estos antecedentes, para Valdebenito, debilitan la postura del INDH.
Existe bastante consenso en la UDI, en el Partido Nacional Libertario y en un sector importante del Partido Republicano respecto de que el INDH necesita una transformación profunda.
Ambos diputados también pusieron en duda la solidez ética y fáctica de las observaciones de Pertuzé, argumentando que el INDH debería haberse concentrado en otras áreas. En este contexto, propusieron una “transformación profunda” del instituto, más allá de simples modificaciones, que implique una revisión completa de su estructura y funcionamiento.
Cretton enfatizó que Chile necesita una institución “moderna, plural, equilibrada y verdaderamente independiente”, cuya prioridad sea la defensa de los derechos humanos de todas las personas, sin responder a “una determinada orientación política”. Los parlamentarios concluyeron que cualquier reforma al INDH debe enfocarse en recuperar la confianza ciudadana y asegurar un estándar uniforme en la protección de derechos, sin importar la identidad de la víctima o del agresor.
