La Contraloría General de la República ordenó un sumario administrativo en el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Valparaíso tras detectar diversas irregularidades. Los hallazgos incluyen contrataciones sin concurso público, demoras injustificadas en la resolución de sumarios, designaciones cuestionables en comisiones de servicio y el uso de recursos de la Subvención Escolar Preferencial sin la debida acreditación de su destino.
Uno de los casos más relevantes involucra a un exejecutivo que, a pesar de estar suspendido de sus funciones, continuó recibiendo remuneraciones hasta el 16 de marzo de este año. La cifra de pagos líquidos ascendió a $247.557.391, un monto que la entidad fiscalizadora atribuyó a la prolongada tardanza en la resolución de su procedimiento administrativo de suspensión y remoción.
En cuanto a las contrataciones directas, el informe de la Contraloría señala que algunas se realizaron sin concurso o con fundamentos insuficientes, además de omitir procesos de reclutamiento. Seis de estas contrataciones, destinadas a la administración central, fueron justificadas con argumentos genéricos como la continuidad del servicio o la idoneidad de los seleccionados, sin proporcionar antecedentes que demostraran una necesidad excepcional para prescindir de un concurso público.
Adicionalmente, se constató que para la contratación de dos personas en uno de los programas del SLEP Valparaíso, “no se realizaron procesos de reclutamiento y selección públicos, transparentes e inclusivos, conforme a perfiles previamente definidos”.
El informe también puso en evidencia el caso de Gonzalo Gajardo Vistoso, encargado de seguridad del servicio con un salario superior a los $2 millones. Paralelamente a sus funciones en el SLEP, Gajardo Vistoso prestaba servicios a honorarios en la unidad de Medio Ambiente del municipio de La Calera, lo que podría configurar un conflicto de intereses o un incumplimiento de dedicación exclusiva.
