Fuerzas de Estados Unidos hundieron este lunes una embarcación en el Pacífico Oriental, la cual supuestamente funcionaba como estación de reabastecimiento de combustible y apoyaba operaciones de narcotráfico de Los Choneros, la banda criminal más antigua de Ecuador. Este es el quinto barco ecuatoriano destruido por el Comando Sur estadounidense desde el 28 de agosto, en acciones coordinadas con el Gobierno del presidente Daniel Noboa.
Sin embargo, los tripulantes de estas embarcaciones han negado cualquier vínculo con organizaciones narcotraficantes. Recientemente, un juez ecuatoriano ordenó la liberación de 28 pescadores que regresaron al país tras dos de las operaciones de EE.UU. realizadas la semana anterior.
El abogado Fernando Bastias, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), indicó que la Fiscalía no pudo presentar pruebas suficientes para sustentar las sospechas de algún ilícito contra los pescadores.
El Comando Sur y el Ministerio de Defensa ecuatoriano confirmaron el hundimiento del barco María Candelaria y el traslado de sus 26 tripulantes a Manta, Ecuador, este sábado. Las autoridades estadounidenses aseguraron que las personas encontradas en la última embarcación también serán entregadas a sus pares ecuatorianos.
El comando reiteró que “continúa llevando a cabo operaciones precisas y profesionales para desmantelar las redes logísticas que alimentan el narcotráfico en el Hemisferio Occidental”.
Además de estos cinco incidentes, familiares de pescadores denuncian supuestos ataques a otras tres embarcaciones ocurridos en enero y marzo cerca de las Islas Galápagos. Estas denuncias incluyen la desaparición de ocho pescadores, casos que no han sido reconocidos oficialmente por Estados Unidos ni por Ecuador.
Según una investigación de The Washington Post, esos tres ataques a pesqueros en aguas ecuatorianas formaron parte de una operación encubierta de la CIA, independiente de la campaña antinarcóticos de EE.UU. que desde septiembre pasado ha destruido decenas de supuestas narcolanchas y causado la muerte de más de 200 personas, pese a las críticas de grupos de derechos humanos.
Organizaciones como Amnistía Internacional han solicitado una investigación sobre la presunta participación de Estados Unidos en la desaparición de los ocho pescadores ecuatorianos que zarparon en enero a bordo de la embarcación Fiorella.
