La Contraloría General de la República ha identificado un serio problema en la gestión de la campaña de vacunación contra la influenza de 2024. El ente fiscalizador reveló que 762.326 dosis, valoradas en más de 3 mil millones de pesos ($3.640.544.800), caducaron en las instalaciones del operador logístico antes de ser distribuidas. Estas vacunas, adquiridas del Ministerio de Salud (Minsal) a Sinovac Biotech Co. Ltda. y Sanofi Pasteur S.A., nunca llegaron a los Depósitos de Vacunas e Inmunoglobulinas (DVI), lo que representa un perjuicio económico significativo.
El informe de Contraloría señala que la Subsecretaría de Salud Pública no pudo demostrar haber utilizado todos los recursos disponibles para redistribuir las dosis o ajustar las operaciones a tiempo. Esta deficiencia llevó a que las vacunas no fueran administradas a la población antes de su fecha de vencimiento. Por esta razón, la Contraloría iniciará el correspondiente reparo por los $3.640 millones, calificando la situación como una contravención a los principios de control y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
En total, la campaña de influenza de 2024 registró una pérdida de 1.196.648 dosis. De este total, 951.746 permanecieron en el operador logístico, mientras que 244.902 ya estaban en los Depósitos de Vacunas e Inmunoglobulinas a nivel nacional. Esta cifra representa un 12,46% del total de 9.601.656 dosis disponibles, excluyendo las contramuestras para el Instituto de Salud Pública. A pesar de que 8.839.330 dosis fueron distribuidas de las 9.603.962 adjudicadas por la Cenabast (por un monto de $22.662 millones), las dosis caducadas incluyeron lotes de Sinovac y Sanofi con fechas de caducidad entre diciembre y mayo.
La Subsecretaría de Salud Pública no acreditó haber agotado todos los medios posibles para gestionar su redistribución o realizar ajustes operativos oportunos que permitieran que las dosis fueran utilizadas por la población.
Además de las vacunas vencidas, Contraloría también cuestionó el cumplimiento de las metas de cobertura. El Minsal había fijado un objetivo del 85% de la población objetivo, pero tres grupos quedaron considerablemente por debajo: las personas de 60 años y más (66%), las gestantes (72%) y la estrategia capullo (64%), dirigida a familiares de lactantes prematuros o inmunosuprimidos. A nivel regional, zonas como Arica y Parinacota (79%), Coquimbo (83%) y Magallanes y de la Antártica Chilena (83%) tampoco alcanzaron el objetivo.
El organismo fiscalizador indicó que la Subsecretaría no demostró haber coordinado acciones efectivas con las regiones rezagadas ni haber implementado nuevas estrategias para subsanar estas brechas. Otro hallazgo preocupante en el Registro Nacional de Inmunizaciones (RNI) fue la detección de 208 registros de inoculaciones con fechas posteriores al fallecimiento de los individuos, algunos con diferencias de hasta 61 años. De estos, 58 casos coincidían completamente en nombre y RUN, mientras que 150 solo coincidían en el RUN, atribuidos en parte a errores de digitación. La Contraloría ha dado 60 días hábiles a la Subsecretaría para regularizar y acreditar estos antecedentes en el RNI.
