La Corte Suprema inició la revisión de 58 cuadernos de remoción contra jueces que habrían viajado al extranjero mientras estaban con licencia médica. Esta jornada, marcada por la expectación y el secretismo, busca determinar el futuro de estos magistrados en una decisión que será definitiva: se quedan o son expulsados del Poder Judicial.
El proceso, calificado como una maratónica revisión, es inédito por la gran cantidad de procedimientos que el máximo tribunal analizará de forma sucesiva. Sin embargo, seis de estos 58 casos se encuentran actualmente suspendidos después de que el Tribunal Constitucional (TC) acogiera las solicitudes presentadas por sus defensas.
Los magistrados beneficiados con esta suspensión son Jorge Saavedra (juez del Tribunal de Familia de Antofagasta), Katrina Chahín (del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago), Macarena Bobadilla (del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco), Juan Manuel Gatica (del Juzgado de Garantía de Pichilemu), Erna Fuentes (de la Secretaría del Poder Judicial) y Eduardo Fritz (ex juez de Garantía del Maule).
Sus defensas están a cargo de los abogados Carlos Quezada (representa a Saavedra), Carlos Pereira (a Chahín) y Ciro Colombara, quien concentra la representación de los otros cuatro magistrados. El secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez, confirmó que el TC comunicó estas suspensiones y que el Pleno continuará con los demás casos.
Las audiencias comenzaron a las 10:30 horas y se extenderán hasta el viernes, con la posibilidad de prolongarse a la próxima semana si es necesario. Durante estos procedimientos reservados, los jueces y sus abogados pueden presentar alegatos y ejercer su derecho a defensa, debido a que los antecedentes involucran aspectos de conducta funcionaria y situaciones personales.
La Corte Suprema dispuso que cada caso sea revisado individualmente. Las votaciones sobre cada uno de los magistrados se realizarán una vez que haya finalizado la vista de todos los procedimientos programados, por lo que las decisiones no serán inmediatas.
Uno de los argumentos centrales de las defensas se basa en la existencia de investigaciones administrativas previas. En algunos casos, estas terminaron con la absolución o el sobreseimiento de los magistrados.
El abogado Juan Carlos Manríquez, defensor del magistrado José Delgado de la Corte de Arica, destacó que su cliente fue absuelto previamente y esa decisión fue ratificada por unanimidad por el Pleno de la Corte Suprema. Una postura similar expresó Jonathan Valenzuela, quien representa a otro de los jueces, señalando que algunos sumarios administrativos anteriores no resultaron en sanciones, a pesar de que posteriormente se abrieron cuadernos de remoción amparados en el artículo 80 de la Constitución.
Desde la Organización de Trabajadores del Poder Judicial, su presidente Marcelo Acevedo, instó al máximo tribunal a analizar cada caso de manera particular y a no aplicar un criterio uniforme. La organización argumenta que existen situaciones de diferente gravedad y que algunos jueces tienen antecedentes administrativos favorables que deberían ser considerados.
