Una iniciativa clave para proteger los sueldos de deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) fue bloqueada en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. La propuesta, conocida como “Sueldos Protegidos”, buscaba evitar que las remuneraciones, una vez depositadas en cuentas bancarias, perdieran su carácter de inembargables y fueran utilizadas para cubrir deudas del CAE.
Con ocho votos en contra y cinco a favor, el proyecto fue declarado inadmisible. La diputada Paz Charpentier (Republicanos) argumentó que la moción podía “afectar las finanzas públicas” y, por lo tanto, abordaba una materia exclusiva del Presidente de la República. Desde la oposición se denunció que esta acción busca cerrar el debate antes de discutir el fondo del asunto: si es justo embargar sueldos para cobrar deudas estudiantiles.
El proyecto surgió tras denuncias de deudores del CAE cuyas cuentas fueron embargadas por la Tesorería General de la República (TGR). Impulsado por parlamentarios de oposición como Daniela Serrano, Nathalie Castillo, Luis Cuello, Marcos Barraza, Boris Barrera (PC), Emilia Schneider (FA), Ana María Gazmuri (AH), Juan Santana (PS), Paula Olmos (PDG) y Patricio Pinilla (DC), la iniciativa pretendía modificar el artículo 57 del Código del Trabajo.
Este artículo establece la inembargabilidad de las remuneraciones, permitiendo embargar solo la parte que excede las 56 UF. Sin embargo, el problema surge cuando el sueldo llega a una cuenta bancaria, momento en que puede ser considerado saldo disponible y sujeto a cobros. La propuesta buscaba garantizar que el sueldo mantuviera su protección legal incluso después de ser depositado o transferido.
A pesar de que la Sala de la Cámara había declarado admisible el proyecto, la discusión se reabrió en la Comisión de Educación. Charpentier insistió en que la moción violaba el artículo 65 de la Constitución, al tener repercusiones en la administración financiera del Estado y en la recaudación fiscal, lo que la convertiría en una iniciativa exclusiva del Ejecutivo.
Los diputados que respaldaron la inadmisibilidad fueron Sergio Bobadilla (UDI), Ricardo Neumann (UDI), Paz Charpentier (REP), Diego Vergara (REP), Valentina Becerra (REP), Luis Pardo (RN), Sara Concha (PSC) y Germán Verdugo (PNL).
La diputada Daniela Serrano (PC), una de las autoras, acusó a la derecha de aprovechar su mayoría para evitar una discusión de fondo. “Abusan de su mayoría circunstancial. Vetan políticamente un proyecto para no dar la discusión. Esto es un precedente grave”, afirmó.
Serrano sostuvo que la iniciativa buscaba evitar que la Tesorería realizara una “interpretación mañosa” para embargar fondos cuyo origen es el sueldo de una persona. Asimismo, la diputada Emilia Schneider (FA) calificó lo sucedido como “gravísimo”, lamentando que el oficialismo se negara a debatir una solución para los deudores del CAE afectados por cobros “abusivos”.
La diputada Paula Olmos (PDG), también firmante, se sumó a las críticas, evidenciando la controversia en torno a la protección de los ingresos de los deudores estudiantiles y la voluntad política para abordar el tema.
