La diputada Joanna Pérez (Demócratas) impulsa una comisión parlamentaria para fiscalizar a las empresas de telecomunicaciones y a organismos estatales como el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y Subtel, ante la persistente falta de conectividad digital en diversas comunas rurales del país.
La iniciativa busca investigar el incumplimiento de la ley que obliga a estas compañías a proveer servicio en áreas apartadas, un problema que afecta gravemente a zonas como la provincia de Arauco, donde localidades como Tirúa sufren de una conexión deficiente o inexistente, a pesar de las obligaciones contractuales asumidas por las empresas.
“No podemos tener ciudadanos de primera y segunda categoría. Aquí falta fiscalización a las empresas, falta que se cumplan los compromisos que se han ido asumiendo en distintas licitaciones y, por lo tanto, es lo que queremos investigar con un Estado fuerte fiscalizador que las empresas también se obliguen a generar la inversión y por cierto cumplan la legislación que también hemos ido adecuando”, declaró la diputada Pérez.
La parlamentaria recordó que las licitaciones de los años 2020 y 2021 incluyeron como contraprestación obligatoria la conexión de 366 localidades rurales y aisladas. A pesar de esto, la realidad es que muchas de estas zonas aún permanecen sin acceso adecuado.
Desde la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara Baja, el diputado Jaime Mulet (Federación Regionalista) respaldó la propuesta, calificando la situación como una «discriminación» hacia el mundo rural, que también padece carencias en salud, educación, agua potable y energía eléctrica.
Dirigentes sociales del sector de Quidico, en Tirúa, confirmaron la precariedad de la conectividad digital y demandaron que el Estado garantice el derecho a un servicio de telecomunicaciones equitativo para todos los habitantes, sin distinción entre zonas urbanas y rurales de la provincia de Arauco.
