Un nuevo recurso de protección judicial detuvo el desalojo en el terreno Bahía Toninas de Chaitén, un predio que el ministro de Vivienda, Iván Poduje, había comprometido a 73 familias del Comité Pellu Weche para agosto. La familia que habita el lugar presentó el recurso ante la Corte de Apelaciones, alegando que su proceso de regularización territorial sigue vigente.
El ministro Poduje había anunciado a las familias que el terreno sería desocupado, ofreciendo la esperanza de una solución habitacional. El 4 de agosto, el Serviu notificó a la familia ocupante y le dio un plazo de 21 días para abandonar el predio, bajo advertencia de desalojo. Sin embargo, este plazo se cumplió sin que la salida se concretara.
La acción judicial presentada por la familia incluye una extensa cronología para probar su ocupación histórica. Relatan que sus antepasados llegaron en 1905 y en 1953 recibieron un Acta de Radicación del Ministerio de Tierras y Colonización sobre casi 119 hectáreas del Fundo Almán, incluyendo las más de cuatro hectáreas que ahora se buscan desalojar.
Como respaldo, la familia también adjuntó un antecedente reciente: la Seremi de Bienes Nacionales habría reconocido durante este mes que el procedimiento administrativo para regularizar el terreno aún está en curso. Este caso no es el primero; en 2015, la Corte Suprema desestimó una solicitud de desalojo similar porque el proceso administrativo de regularización también seguía abierto.
Con el recurso de protección actualmente en tramitación, la desocupación de Bahía Toninas parece incierta, al menos durante agosto. Si la acción judicial es acogida, la promesa del ministro Poduje a las 73 familias podría no materializarse.
“Están los informes de Sernageomin que darían cuenta de que parece que no es tan así que puede ser habitable ese lugar. Se vuelve un problema desmotivante para esas personas, pero de alguna manera los organismos técnicos tienen que hablar por la seguridad de las personas que alguna vez vayan a vivir ahí (…) porque usted lo ve ahí, son terrenos que en parte son turberas, son pantanos.”
El abogado Andrés Martínez, representante de la familia, añadió que las condiciones del terreno podrían no ser adecuadas para un proyecto habitacional, según informes de Sernageomin que no habrían sido considerados. La incertidumbre crece para el Comité Pellu Weche, mientras la Seremi de Vivienda y el Serviu declinaron comentar el recurso, alegando no haber sido notificados.
