La situación de los sumarios administrativos en Gendarmería de Chile se ha agravado significativamente. A julio de 2026, la institución reporta 5.393 investigaciones abiertas, lo que representa un aumento del 39,4% respecto a 2024. Este número equivale a cerca del 27% de la dotación total de aproximadamente 20.000 funcionarios. Además, más de 4.400 de estos procedimientos exceden el plazo legal de seis meses, y algunos datan de 2020.
Esta crisis ya había sido advertida en enero de 2025 por Víctor Provoste Torres, ex subdirector operativo de Gendarmería, quien en una entrevista con Radio Bío Bío, criticó la falta de objetividad y la inacción para resolver los expedientes. En aquel momento, noviembre de 2024, había 3.869 sumarios abiertos, uno de ellos desde 2012. A pesar de las exigencias del Ministerio de Justicia para solucionar la situación, los datos actuales muestran un deterioro.
Entre los sumarios concluidos desde enero de 2020, la cifra asciende a 6.166. Sin embargo, un dato preocupante es que de 431 investigaciones por denuncias delictuales, 365 no registran medidas disciplinarias, lo que implica que funcionarios podrían estar cometiendo delitos impunemente dentro de las cárceles.
Expertos atribuyen este estancamiento a dos causas principales: la falta de diligencia de los fiscales y una supervisión institucional deficiente. No obstante, una explicación más grave, según fuentes reservadas y Provoste, es el uso de los sumarios como mecanismo de presión, amedrentamiento o persecución interna contra funcionarios, desvirtuando su propósito original de combatir irregularidades.
En octubre de 2025, Rubén Pérez Riquelme asumió la dirección de Gendarmería con el compromiso de combatir la corrupción. En febrero de este año, en Radio ADN, reconoció el aumento de los sumarios, aunque lo vinculó a una mayor detección de actos de corrupción dentro de los penales.
La Ley N°19.880 establece que los procedimientos administrativos no deben exceder los seis meses, salvo excepciones. El fiscal tiene 60 días hábiles para investigar y proponer el sobreseimiento o formular cargos. Luego, el inculpado puede presentar descargos y pruebas. Finalmente, el dictamen es elevado al jefe de servicio para su resolución. Sin embargo, estos plazos rara vez se cumplen en la práctica.
Actualmente, casi el 43% de los sumarios “vencidos”, aquellos que superan los seis meses, aún se encuentran en etapa de indagatoria. Esto incluye 116 expedientes de 2020, 139 de 2021, 148 de 2022, 201 de 2023, 339 de 2024, 947 de 2025 y 18 abiertos en enero de este año. La fase resolutoria, donde la autoridad superior debe decidir, concentra la segunda mayor cantidad de casos. Esta prolongación sin resolución plantea serias dudas sobre la eficacia y la transparencia de los procesos internos de Gendarmería.
