El gasto anual de más de $30 mil millones destinado a la dieta de los 2.256 concejales distribuidos en las 345 municipalidades del país plantea una pregunta central sobre el retorno efectivo de esta inversión. Surge la inquietud sobre si este monto se traduce en una fiscalización municipal más eficiente, una detección oportuna de irregularidades, un mejor control de los recursos públicos o resultados tangibles para la ciudadanía.
Si bien no se puede generalizar sobre el desempeño de todos los concejales, es importante considerar el diseño actual de su rol. Se buscó una combinación entre representante político y fiscalizador de la administración comunal, pero esta dualidad a menudo resulta en que la función fiscalizadora carece de las capacidades técnicas necesarias que el sistema no les proporciona.
Actualmente, la Contraloría General de la República (CGR) cuenta con poco más de 2.000 funcionarios, de los cuales solo 500 cumplen un rol fiscalizador. Esta cifra contrasta con la cantidad de concejales a nivel nacional, lo que arroja una proporción de 4,5 concejales por cada fiscalizador de la CGR, destacando una paradoja en la distribución de los recursos dedicados al control.
Una propuesta para optimizar este escenario sería reducir la dotación de concejales en un 50%. Esta medida liberaría $15 mil millones de pesos, manteniendo la representación democrática en cada municipalidad (con 3, 4 o 5 concejales según su tamaño) y funciones esenciales como la aprobación presupuestaria y el control político del alcalde.
Los recursos liberados permitirían financiar la contratación de entre 250 y 300 auditores, abogados, contadores, ingenieros y especialistas financieros. Estos profesionales estarían exclusivamente dedicados a la fiscalización de municipios, incrementando la dotación actual de fiscalizadores de la CGR en un 50% a 60%, pero con un enfoque exclusivo en el ámbito municipal.
A modo de ejemplo, un ejercicio presupuestario referencial sugiere que los $15 mil millones podrían financiar a 280 nuevos fiscalizadores. Esto significaría, por ejemplo, 42 nuevos fiscalizadores para las 52 municipalidades de la Región Metropolitana, quienes podrían concentrarse en municipios grandes como Santiago, Maipú, Puente Alto, Las Condes y La Florida, o cubrir grupos de municipalidades pequeñas.
La interrogante sobre el trabajo de las direcciones de control interno municipales también es relevante. Datos de la CGR indican que existen 1.470 funcionarios dedicados a esta labor dentro de los municipios. Sin embargo, la distribución es muy desigual, con 81 municipalidades que cuentan con una sola persona para estas funciones.
