El crimen organizado ha evolucionado más allá del tráfico de drogas y la violencia, convirtiéndose en redes transnacionales complejas. Esta sofisticación aumenta el riesgo de que estas organizaciones busquen la corrupción e infiltración en instituciones y actividades económicas a nivel local, según alertó el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.
Durante el seminario “Crimen Organizado y Contrabando”, organizado por la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), el fiscal destacó que estas estructuras criminales no solo utilizan la violencia, sino también la corrupción como una herramienta clave para alcanzar sus objetivos. Castro Bekios explicó que estas redes son modulares, transnacionales, y cuentan con una clara división de tareas, logística, financiamiento y conexiones territoriales. Subrayó que, si bien «la banda es local», la red que la abastece tiene un alcance internacional, evidenciando la magnitud del problema.
Un punto central de la exposición fue el rol de los gobiernos locales, que se han convertido en un blanco primordial para estas organizaciones debido a su manejo de recursos, permisos, patentes y concesiones. Los municipios, al ser el primer contacto entre el Estado y la ciudadanía, resultan atractivos para la infiltración y la alteración de reglas en beneficio de actividades ilícitas. Esto posiciona a las municipalidades como una primera línea de defensa crucial frente a este avance criminal.
Entre los principales riesgos identificados por el fiscal se encuentran las compras públicas, las concesiones estratégicas y las economías ilícitas fronterizas, como la minería ilegal, el contrabando y el lavado de activos. Frente a este panorama, Castro Bekios enfatizó la necesidad de fortalecer las capacidades municipales para la detección temprana de operaciones irregulares y mejorar la coordinación con los organismos de fiscalización y persecución penal.
Para contrarrestar esta amenaza, se propuso la incorporación de inteligencia de datos en los procesos de fiscalización, buscando identificar patrones de comportamiento que sugieran actividades sospechosas. Esto incluye la pesquisa de fraccionamientos de compras y sobreprecios, así como el monitoreo constante de concesiones, obras y servicios municipales. Además, se sugirió promover el uso del canal de denuncias de la Contraloría, establecido por la Ley 21.592, como una herramienta efectiva para detectar irregularidades.
La preocupación va más allá de actos aislados de corrupción. La exposición también abordó los distintos niveles de captura del Estado, que pueden ir desde favores menores hasta escenarios donde funcionarios son sobornados para modificar normativas o decisiones. En los casos más graves, la captura puede involucrar intimidación y coacción, afectando no solo el ámbito penal, sino también el político y social, comprometiendo la gobernabilidad y la seguridad en las comunidades.
