La Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) fue condenada a pagar 30 millones de pesos a una magistrada de Rancagua. La sentencia laboral determinó que la entidad vulneró los derechos fundamentales de la jueza a la integridad psíquica, la honra y la no discriminación.
Según el fallo, la CAPJ no implementó las medidas adecuadas para proteger a la jueza, quien sufrió acoso sexual constante por parte del magistrado Luis Barría Alarcón. Este mismo juez fue removido de su cargo y condenado en una causa penal paralela por abuso sexual contra otra funcionaria del Juzgado de Garantía de Rancagua, confirmada por la Corte Suprema en mayo de este año con una pena de 541 días de presidio bajo libertad vigilada intensiva.
En una decisión menos publicitada del mismo mes, la Cuarta Sala del máximo tribunal rechazó un recurso de unificación de jurisprudencia presentado por la CAPJ, lo que dejó firme la sentencia en su contra. De esta forma, se ratificó el fallo de primera instancia de la magistrada Yanira González, validado por la Corte de Apelaciones de Santiago, que estableció que la jueza demandante fue acosada sexualmente por Barría entre 2016 y 2018.
Aunque la CAPJ argumentó haber tomado resguardos desde febrero de 2022, la sentencia evidenció que no hubo un acompañamiento adecuado a la víctima y que el traslado de Barría fue ineficaz.
Esta sentenciadora considera que las medidas adoptadas no han sido suficientes frente a la vulneración de derechos graves de la que tomó conocimiento, amén de que ni siquiera se acreditó el cumplimiento de los programas a los que se había comprometido.
El acoso se inició apenas la magistrada comenzó a trabajar en el Juzgado de Garantía de Rancagua. La demanda detalla “miradas y piropos lascivos, acorralamientos, acercamientos físicos, sonidos inapropiados cada vez que se acercaba, comentarios públicos, tanto a ella como a los funcionarios del tribunal, sobre su ropa y su cuerpo”.
Incluso, la víctima modificó su vestimenta para intentar evitar al acosador. “Tenía que estar al pendiente de la distribución semanal de funciones, para verificar los días que no estaba y poder vestir libremente, con la tranquilidad de que no la incomodaría con sus miradas lascivas, acercamientos físicos y comentarios o sonidos inapropiados”, subraya la sentencia sobre estas acusaciones.
Tras confrontar a Barría, aconsejada por un ministro visitador, los sonidos disminuyeron por un tiempo, pero el juez comenzó a difamarla “como profesional y mujer” entre sus colegas. Aunque la jueza no presentó una queja formal inicialmente, en 2020, tres funcionarias sí denunciaron a Barría por acoso, lo que dio inicio a un sumario administrativo.
En noviembre, Barría fue temporalmente trasladado al Juzgado de Familia de San Fernando, y posteriormente suspendido por tres meses con medio goce de sueldo, siendo reubicado en la Corte de Apelaciones de Rancagua como relator. La demandante también acusó hostigamiento por parte del círculo del juez, incluyendo al administrador del tribunal y otros funcionarios de su confianza. En 2021, al asumir como presidenta, ordenó un sumario por el extravío de un expediente contra el administrador y otros involucrados.
