El exdiputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez Gálvez, solicitó al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago una audiencia de carácter “urgente” para que se delimite el acceso al contenido de su teléfono. El dispositivo le fue incautado el pasado 20 de agosto en el marco de la trama por corrupción en la Junaeb, una investigación a cargo de la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina.
La investigación busca esclarecer el posible rol del excongresista del PC y de dos parlamentarios en ejercicio para favorecer a la empresa Soser en la adjudicación de licitaciones del Programa de Alimentación Escolar. Los imputados en la causa son los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (cupo FRVS), además del exdiputado Gutiérrez.
El eventual conocimiento por parte de fiscales, funcionarios policiales, peritos u otras personas, del contenido íntegro de mi dispositivo telefónico, sin la debida segregación de la información protegida, provocaría un perjuicio irreparable no solo a mí como abogado, sino que a la totalidad de mis actuales y antiguos patrocinados.
Mediante un escrito de seis páginas, Gutiérrez argumentó que su teléfono contiene comunicaciones, documentos y estrategias ligadas a clientes actuales y causas ajenas a la investigación, amparándose en el secreto profesional como abogado. Por esta razón, propuso que cualquier extracción de datos sea acotada por hechos, fechas o personas específicas para evitar afectar a sus clientes. Solicitó que, mientras se resuelve la audiencia, se prohíba temporalmente el desbloqueo, revisión o copia del aparato, manteniendo su cadena de custodia e informando si ya fue intervenido y qué información se extrajo.
En paralelo, el senador Miguel Ángel Calisto también pidió una audiencia de cautela de garantías, alegando que las diligencias de la Policía de Investigaciones afectaron sus derechos fundamentales. Su abogado, Nelson Salas Stevens, solicitó copia de la petición de la fiscal Constanza Encina que autorizó los allanamientos e incautaciones contra Calisto, argumentando la necesidad de acceder a esos antecedentes para una “adecuada defensa técnica”.
Por su parte, el senador Sergio Gahona ya contrató los servicios del estudio Espinoza y Heskia Abogados, firma que previamente representó a figuras políticas como Jaime Orpis y Pablo Longueira. La causa se mantiene bajo reserva, a la espera de las resoluciones judiciales que delimiten el acceso a la información incautada y las garantías de los imputados.
