La Comisión de Seguridad del Senado ha definido una nueva prioridad legislativa, enfocándose en diez proyectos clave que buscan fortalecer la capacidad operativa de las policías y otros organismos de seguridad. Esta decisión surgió tras un encuentro de trabajo entre el presidente de la comisión, Karim Bianchi, y el ministro de Seguridad, Martín Arrau.
El senador Bianchi explicó que el acuerdo implica que el Ejecutivo retirará la urgencia a reformas constitucionales previamente agendadas, con el fin de canalizar todos los esfuerzos legislativos hacia iniciativas que generen un impacto real e inmediato en la seguridad ciudadana. “Debemos concentrar toda la energía legislativa en proyectos que tengan un impacto real e inmediato en las calles y no en debates abstractos”, subrayó Bianchi.
Se ha establecido un catálogo de iniciativas que buscan dotar a las instituciones de “herramientas concretas, mejor financiamiento y respaldo operativo”. La comisión se comprometió a sesionar con la frecuencia necesaria para despachar estas leyes con la urgencia que el país demanda.
Entre los proyectos prioritarios destaca la modernización de la carrera de Carabineros, que propone extender el período de servicio, reestructurar asignaciones e incentivos, y asignar personal civil a labores administrativas para liberar a más funcionarios para el trabajo operativo. También se priorizará la modernización de la Policía de Investigaciones (PDI), que incluirá nuevas vías de ingreso para profesionales y técnicos, un aumento en la capacidad formativa y ajustes en los escalafones policiales y periciales.
La agenda legislativa también considera una nueva Ley Orgánica Constitucional de Gendarmería, la cual establecerá reglas claras sobre el uso de la fuerza para el personal penitenciario y medidas para proteger la identidad y el patrimonio de los funcionarios ante el crimen organizado.
Otras iniciativas que se priorizarán son la Ley Naín-Retamal 2.0, la Ley Anti Encapuchados, la ley corta de Seguridad Municipal, la Ley Antibarricadas, y la ampliación e integración del Registro Nacional de ADN. Esta última busca extender la toma de muestras biológicas y perfiles genéticos a personas formalizadas por delitos graves y a extranjeros indocumentados detenidos en flagrancia.
Finalmente, la lista se completa con dos proyectos que actualmente se encuentran en Comisión Mixta: las Reglas del Uso de la Fuerza y la Ley de Inteligencia Económica. La discusión de esta última deberá resolver aspectos clave como el destino del levantamiento del secreto bancario.
