La visita del presidente ruso Vladimir Putin a las islas Kuriles generó una fuerte reacción de Japón, que considera esas cuatro islas australes como territorio “ilegalmente ocupado” por Rusia. El archipiélago, compuesto por más de 50 islas, se extiende entre la Península de Kamchatka y la isla japonesa de Hokkaido, con la isla Kunashir a solo 15 kilómetros de Hokkaido.
En febrero de 1945, durante la Conferencia de Yalta, los aliados, principalmente Estados Unidos, cedieron estas islas a la Unión Soviética a cambio de su participación en la guerra contra Japón. La Unión Soviética cumplió su parte pocos días después de la rendición japonesa, tras los ataques nucleares sobre Nagasaki e Hiroshima.
La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, calificó la presencia de Putin como “absolutamente inaceptable” y un “hecho grave” para las futuras relaciones rusojaponesas. Como respuesta, la Marina rusa inició ejercicios militares en aguas de las Kuriles.
El control de estas islas no solo otorga a Rusia un acceso privilegiado a recursos pesqueros, sino también el dominio del fondo marino, crucial para el despliegue de su flota de submarinos con base en Vladivostok. Según el Derecho Internacional del Mar, cada isla en disputa proyecta una Zona Económica Exclusiva (ZEE) de 200 millas náuticas y, desde 1999, una plataforma continental extendida de hasta 350 millas náuticas.
El caso de las Kuriles se suma a otros diferendos marítimos en el Pacífico, siendo el más complejo la proyección china de su ZEE y plataforma continental más allá de las 200 millas, bajo la tesis de la “línea de los nueve puntos”. Esta reclamación abarca el Mar del Sur de China, solapándose con las proyecciones de Taiwán, Vietnam, Malasia, Indonesia, Brunéi y Filipinas.
China reclama las islas Prata (disputadas con Taiwán), las islas Paracel (con Vietnam y Taiwán), las islas Spratly (con Vietnam, Malasia, Brunéi y Filipinas) y el atolón de Scarborough (con Taiwán y Filipinas). Estos reclamos extienden la presencia china hacia el Pacífico Central a miles de kilómetros de sus costas.
Un punto de creciente preocupación es el conflicto político, diplomático y militar entre China y Filipinas por el control afianzado por la Armada china sobre el atolón de Scarborough y las islas Spratly. Los incidentes entre guardacostas y pescadores son cada vez más frecuentes y graves. A pesar de que la Corte Permanente de Arbitraje en 2016 rechazó las alegaciones chinas de “derechos históricos” y declaró ilegal la creación de “islas artificiales” para extender su ZEE, el conflicto persiste y sigue escalando en la región.
