El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, desestimó cualquier conflicto de interés tras la aprobación ambiental del proyecto Alto Santorini, una iniciativa inmobiliaria de 43 millones de dólares ligada a su hermano, Víctor Quiroz, y emplazada cerca de las dunas de Concón. Aunque el gobierno sostiene que Quiroz no intervino en la decisión, especialistas en probidad afirman que la autoridad debió inhabilitarse para asegurar imparcialidad.
La controversia se intensificó tras una investigación de Ciper sobre Alto Santorini. Víctor Quiroz, quien participa en el proyecto a través de sociedades familiares, estuvo involucrado en su diseño y realizó gestiones de lobby ante autoridades regionales. Paralelamente, la cartera de Hacienda implementó un sistema de seguimiento para acelerar la tramitación de proyectos de inversión, lo que genera interrogantes sobre si la no intervención directa del ministro es suficiente o si su vínculo familiar exigía un apartamiento total.
Desde Hacienda rechazaron las acusaciones, argumentando que desde marzo se aprobaron 138 proyectos por unos 21 mil millones de dólares y que Alto Santorini siguió la misma institucionalidad. Pese a que Sernageomin había formulado reparos iniciales por riesgos de remociones en masa, un oficio posterior del 17 de junio informó que no tenían observaciones que efectuar. Finalmente, el proyecto recibió una calificación ambiental favorable el 8 de julio.
Michel Figueroa, director de Chile Transparente, enfatizó que, si bien las autoridades deben declarar sus redes familiares, “debiesen abstenerse de participar” en decisiones que las involucran, sugiriendo que la relación entre hermanos hacía necesaria la inhabilitación del ministro.
Sin embargo, Francisco Leturia, expresidente del Consejo para la Transparencia, discrepa. Según él, es crucial diferenciar entre una política pública general y una decisión diseñada para beneficiar a un individuo. Leturia argumenta que una autoridad no puede impedir que sus familiares ejerzan actividades económicas, y lo relevante es determinar si el proyecto recibió un trato excepcional o se adhirió a las normativas estándar.
El debate se centra en el estándar ético de las autoridades cuando sus políticas podrían beneficiar a familiares directos, independientemente de la intervención en la aprobación. ¿Es suficiente que el ministro no tenga atribuciones directas o debió igualmente apartarse de cualquier instancia que pudiera relacionarse con una iniciativa de su hermano?
