La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) destituyó a Maximiliano Ramírez, abogado y exjefe de la sección de atención a público y regulado, tras un sumario administrativo que lo encontró responsable de acoso y de infringir gravemente el principio de probidad y la dignidad de funcionarias.
La investigación reveló que Ramírez recopilaba imágenes de mujeres de sus círculos laborales y universitarios, incluyendo fotografías obtenidas de redes sociales. Posteriormente, utilizaba estas imágenes para generar representaciones sexualmente explícitas mediante inteligencia artificial.
Se encontraron más de 3.000 archivos almacenados en dispositivos vinculados al abogado, que incluían fotografías, capturas de conversaciones y el contenido sexual generado con IA. El sumario concluyó que se acreditó que el inculpado utilizó las imágenes para crear “representaciones sexualmente explícitas y altamente realistas de las afectadas”.
La sanción, aplicada el pasado 3 de junio, fue la destitución, la medida disciplinaria más severa según el Estatuto Administrativo. Este hecho contrasta con la formación académica de Ramírez, quien es abogado de la Universidad Diego Portales, posee dos magísteres y un diplomado en Derechos Humanos y Empresas. Además, había realizado cursos de equidad de género en 2018 y 2020.
Testimonios de excompañeras de trabajo, citados por The Clinic, indican que Ramírez se autodenominaba “feminista”.
En paralelo a la sanción administrativa, la Fiscalía mantiene una investigación desformalizada a raíz de una denuncia presentada por una funcionaria de la SMA. Actualmente, se están llevando a cabo diligencias en coordinación con la Brigada del Cibercrimen de la PDI para determinar si las conductas configuran algún delito penal bajo la legislación chilena.
El abogado de Ramírez, Eduardo Espinoza Rodríguez, cuestionó las conclusiones del sumario administrativo. Alegó que no se ha acreditado la participación de su defendido en la creación o alteración de las imágenes, y puso en duda la forma en que se obtuvieron los archivos, sugiriendo que fueron extraídos de un computador personal al que habría accedido una tercera persona.
En Chile, la generación de imágenes sexualmente explícitas de personas adultas mediante inteligencia artificial, aun cuando se utilicen sus rostros sin autorización, no configura necesariamente y por sí misma un ilícito penal.
Espinoza Rodríguez también afirmó que Ramírez no ha sido notificado de ninguna causa penal en su contra, enfatizando que los antecedentes conocidos hasta ahora corresponden exclusivamente al ámbito administrativo, sin implicar una responsabilidad penal.
La situación actual deja abierta la discusión sobre la tipificación penal de la generación de imágenes sexualmente explícitas con IA en la legislación chilena.
