El Gobierno presentó hoy en la Cámara de Diputados un proyecto de “ley corta que modifica la Ley de Seguridad Municipal”, con el objetivo de postergar la entrada en vigencia de algunas de sus exigencias y exceptuar al personal de seguridad comunal de los límites de gasto anual en personal que rigen para los municipios.
La iniciativa, firmada por el presidente José Antonio Kast y el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, busca corregir los problemas identificados en la implementación de la Ley N.º 21.802, creada para fortalecer la capacidad municipal en seguridad pública y prevención del delito.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la modificación de la normativa actual, que considera las remuneraciones del personal de seguridad municipal contratado bajo el Código del Trabajo dentro del cálculo del gasto anual en personal, el cual no debe superar el 42% de los ingresos propios de cada municipio.
Según el Ejecutivo, esta disposición generaría un incumplimiento normativo para muchas municipalidades. Por ello, la propuesta excluye las remuneraciones de estos inspectores de dicho límite, estableciendo un tope especial equivalente al 4% de los ingresos propios municipales.
Además, se contempla la posibilidad de aumentar este porcentaje hasta en un 20%, siempre con la autorización de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y el visto bueno de la Dirección de Presupuestos (Dipres), considerando la situación financiera de cada comuna.
Otro cambio relevante flexibiliza la acreditación de la idoneidad física y psicológica de los inspectores, permitiendo que las evaluaciones se realicen tanto en centros de salud públicos como privados. Se otorga, además, un plazo de un año para que el personal actualmente en funciones cumpla con este requisito.
Finalmente, el proyecto posterga por 36 meses la entrada en vigencia de las exigencias que obligan a los conductores de vehículos de seguridad municipal a contar con licencia de conducir clase F. El argumento del Gobierno es que, actualmente, no existe un mecanismo para que estos funcionarios obtengan dicha licencia, ya que la mayoría posee solo licencia clase B.
El informe financiero que acompaña la iniciativa asegura que estas modificaciones no tendrán impacto en el presupuesto fiscal, ya que buscan clarificar el estatus jurídico del personal de seguridad municipal dentro de las facultades ya existentes en la legislación para las municipalidades.
