Greenpeace ha elevado una reclamación administrativa ante el Comité de Ministros exigiendo la revisión de la aprobación ambiental del Puerto Exterior de San Antonio. La organización ecologista argumenta que la evaluación del proyecto no abordó de manera adecuada las observaciones presentadas por la ciudadanía, y alerta sobre posibles impactos en el transporte de sedimentos.
La impugnación de Greenpeace busca revertir la aprobación ambiental otorgada el pasado 9 de junio por la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Valparaíso. El proyecto de ampliación portuaria contempla la construcción de una infraestructura de gran escala, incluyendo un molo de abrigo de aproximadamente 4 kilómetros.
Esta megaobra se ubicaría cerca de la desembocadura del río Maipo, lo que, según la ONG, podría alterar la dinámica de sedimentos, modificar el estuario e incluso aumentar el riesgo de inundaciones durante eventos climáticos severos.
La delegada presidencial provincial de San Antonio, Soledad Loyola, subrayó la trascendencia estratégica de la iniciativa para la comuna y el país, destacando su potencial para impulsar la actividad productiva y generar empleo. Sin embargo, precisó que la tramitación de la reclamación se encuentra en sus fases iniciales y evitó emitir juicios sobre su contenido.
Greenpeace insiste en que la resolución ambiental vigente no consideró adecuadamente las diversas observaciones planteadas durante el proceso de participación ciudadana.
En cuanto a las posibilidades de éxito de la reclamación, el abogado penalista Ariel Manríquez sugirió que estas serían limitadas. No obstante, reconoció la opción de que Greenpeace prosiga con el proceso legal ante el Tribunal Ambiental.
Desde Puerto San Antonio, la empresa optó por no emitir declaraciones sobre el estado o los alcances de las reclamaciones mientras estas estén bajo revisión de las instituciones pertinentes. Aseguraron, sin embargo, que mantendrán su respeto por las leyes, las resoluciones ambientales y las decisiones de las autoridades competentes.