Alrededor de 200 familias que ocupan ilegalmente terrenos en el Gran Concepción enfrentarán un desalojo inminente. Estas tomas, ubicadas en zonas consideradas críticas, han sido objeto de denuncias por diversos delitos, incluyendo el tráfico de drogas.
La planificación y notificación para el desalojo ya están en marcha, afectando a asentamientos en Los Batros en San Pedro de la Paz, La Puntilla en Barrio Norte, y un sector cercano a este último perteneciente al Serviu. La situación se agrava por la presencia de incivilidades y la proliferación de estas ocupaciones tras la pandemia.
Las tres ocupaciones que tenemos son posteriores a la pandemia, las tres tienen incivilidades y en las tres hay denuncias de tráfico de drogas, así que vamos a proceder.
Así lo confirmó el ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien además detalló el destino de los afectados. Las familias que actualmente postulan a una vivienda recibirán un subsidio de arriendo como medida transitoria. Sin embargo, quienes no tengan sus documentos en regla deberán abandonar los terrenos, y aquellos con antecedentes penales serán puestos a disposición de la justicia.
El alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Spoerer, señaló que las tomas en el sector de Villa Padre Hurtado surgieron con fuerza desde la pandemia, transformándose en asentamientos irregulares con altos niveles de hacinamiento y diversas incivilidades. Para el jefe comunal, es fundamental avanzar en el desalojo de estas ocupaciones.
Una situación similar se vive en La Puntilla de Concepción. El alcalde Héctor Muñoz describió la situación como “la ley de la selva”, alertando sobre problemas de insalubridad y seguridad, e indicando que “hay delitos asociados incluso que se deben investigar”.
La ejecución de los desalojos será un trabajo conjunto entre el Serviu, los municipios afectados y la Seremi de Seguridad, buscando poner fin a estas ocupaciones ilegales que se han extendido por más de cinco años en la conurbación penquista.
