La investigación por la presunta estafa en la automotora 21 de Concepción registra un nulo avance, lo que ha generado preocupación entre las víctimas. A ocho meses de que la Fiscalía encargara diligencias a la PDI, los afectados denuncian que aún no hay resultados y temen que los imputados estén siendo protegidos.
Este caso de Concepción, que operó en la avenida 21 de Mayo, presenta similitudes con el de la automotora Cumbres de San Pedro de la Paz, cuyo dueño, Sebastián Vera, fue formalizado y cumple arresto domiciliario total desde hace un mes. Sin embargo, la indagatoria de Automotora 21 no ha logrado identificar responsables.
La abogada Catalina Poblete, representante de un grupo de afectados, expresó la decepción de sus clientes. Señaló que la falta de progreso se debe a la demora de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI en entregar los informes necesarios para formalizar a los involucrados. Las diligencias fueron solicitadas en octubre del año pasado.
“Para las víctimas es bastante decepcionante el poco, yo diría prácticamente nulo avance en la investigación, puesto que estamos hablando de diligencias investigativas que se ordenaron a la Brigada de Delitos Económicos hace 8 meses atrás y todavía estamos a la espera de informes necesarios, de acuerdo a lo que nos ha señalado el fiscal titular en la causa, para proceder a formalizar a estos imputados”, expuso Poblete.
Uno de los perjudicados, Rafael González, quien entregó un vehículo en consignación hace más de un año, manifestó su sospecha ante la situación. Apuntó a una posible red de protección que favorecería a los dueños de la compraventa.
“Sí, efectivamente ya llevamos más de 8 meses esperando respuesta de la de la PDI, quien está investigando esta estafa, pero hasta el momento no pasa nada. Uno a las finales llega a suponer que PDI y fiscalía de alguna manera están protegiendo a estos estafadores”, expresó González.
En la misma línea, Sandra Muñoz, quien entregó una camioneta valorada en $16.200.000 a la automotora 21 y no recibió el pago, cuestionó la lentitud del proceso. Se preguntó si esta demora busca favorecer a los responsables de lo que considera una estafa evidente. La investigación, a cargo del fiscal Rodrigo Bascuñán, se inició por una querella por los delitos de apropiación indebida y estafa.
