Nuevos incidentes violentos sacudieron esta semana al Instituto Nacional, con la instalación de barricadas, lanzamiento de bombas molotov y acciones destructivas por parte de los denominados “overoles blancos”. Estos hechos ocurrieron mientras el Tribunal Constitucional rechazaba cuatro artículos de la Ley de Escuelas Protegidas, un fallo que, según la UDI, no comparte pero impulsa una reforma constitucional para vincular la gratuidad al mérito.
Desde la UDI, se propone que la gratuidad en la educación sea un reconocimiento al esfuerzo de quienes realmente desean estudiar, y que se retire a aquellos que incurren en actos delictivos. Esta postura contrasta con la de sectores de izquierda, quienes, según la crítica, defienden el derecho a la gratuidad de estudiantes involucrados en hechos violentos, como la quema de salas, por encima del derecho de otros alumnos a un ambiente educativo seguro.
“Para ellos es más importante defender el ‘derecho’ de un encapuchado a seguir estudiando gratis después de quemar una sala, que el derecho de miles de niños a ir a clases tranquilos. Y ahora vienen con el discurso de que ‘defienden la educación pública’. Mentira. Llevan años destruyéndola.”
El partido político acusa a la izquierda de justificar tomas de establecimientos y relativizar la gravedad de los ataques con bombas molotov, calificando la violencia como “expresión social”. Los incidentes recientes en el Instituto Nacional no son vistos como hechos aislados, sino como la consecuencia directa de una permisividad hacia los “overoles blancos”, avalada por figuras del Congreso, tanto del oficialismo como de la oposición, a lo largo de los años.
La situación genera una interrogante clave sobre la postura de la oposición: ¿se inclinan por apoyar a los profesores, padres y alumnos que buscan un ambiente de aprendizaje tranquilo, o a los grupos violentistas que transforman los colegios en “campos de batalla”? La experiencia, según la UDI, muestra una tendencia de la izquierda a respaldar actos delictuales con tal de mantener la gratuidad educativa, sin importar el costo.
Finalmente, se plantea la pregunta fundamental sobre la disposición del país a otorgar derechos sociales, como la gratuidad, a individuos que recurren a la violencia extrema, incluyendo el lanzamiento de bombas molotov, ataques a directores y la quema de establecimientos educativos mientras se ocultan bajo “overoles blancos”.
