Un proyecto de ley que busca considerar el mal uso de licencias médicas como una “falta de probidad del trabajador” en sus funciones avanzó en la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja. La iniciativa fue aprobada con ocho votos a favor, dos en contra y tres abstenciones, proponiendo modificar el Código del Trabajo para endurecer las sanciones ante este tipo de prácticas.
Desde la Cámara de Diputadas y Diputados detallaron que la propuesta califica expresamente como falta de probidad la presentación de licencias médicas que no correspondan a la dolencia invocada o que resulten ser falsas. Además, se presume esta falta si el trabajador incumple el lugar de reposo que se le ha indicado en la licencia.
El proyecto facultaría al empleador para solicitar antecedentes que permitan verificar la autenticidad y el cumplimiento de la licencia médica. Sin embargo, se establece la obligación de “resguardar la reserva de la información” y limitar su uso exclusivamente a posibles procesos judiciales derivados de la impugnación de un despido, garantizando así la privacidad de los datos sensibles.
El subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, valoró la intención de generar certeza jurídica, puesto que la legislación actual no aborda de manera explícita el uso indebido de licencias médicas, lo que ha generado disparidad de criterios en los tribunales. No obstante, sugirió revisar el mecanismo normativo más adecuado para definir la causal y la sanción.
“Se deben mejorar ciertos aspectos como la delimitación de las conductas. Precisó que el concepto de ‘dolencia invocada’, por ejemplo, puede presentar dificultades interpretativas en su aplicación. En relación al incumplimiento del lugar de reposo, consideró importante contemplar que éste sea ‘injustificado’, porque puede haber situaciones, por ejemplo de emergencia, que justifiquen dicho incumplimiento.”
Sobre la determinación de una infracción, Rosende planteó que debería recaer en organismos técnicos competentes como la Compin o las isapres. Estos organismos, manteniendo la reserva de los datos personales, solo entregarían al empleador la referencia de la infracción.
La Multigremial G7, aunque respaldó la idea de perseguir el fraude y fomentar la fiscalización, objetó la propuesta en los términos actuales. Su presidente, Ricardo Ruiz, enfatizó que estas medidas no deben significar una disminución de los derechos laborales ni castigar a quienes realmente están enfermos y presentan licencias válidas. “Sí a la fiscalización, no al castigo”, sentenció Ruiz.
Paralelamente, el Gobierno evalúa otras medidas para recuperar los recursos públicos perdidos por el uso irregular de licencias médicas, incluyendo la retención de parte de los sueldos y las devoluciones de impuestos. Estas iniciativas buscan endurecer las sanciones y reforzar la fiscalización de posibles fraudes al sistema de salud.
En abril, la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) implementó el nuevo Sistema de Gestión de Reportes e Información para la Supervisión de Licencias Médicas (GRIS LM). Este sistema, que reemplaza al anterior, busca fortalecer la supervisión de las licencias y evitar escándalos como el revelado por Contraloría, que detectó miles de trabajadores del sector público que salieron del país o visitaron casinos estando con reposo (también hubo casos en el sector privado).
