Un grupo transversal de diputadas y diputados de la oposición anunció este martes la presentación de una Comisión Especial Investigadora (CEI). Esta instancia buscará esclarecer el dictamen de la Contraloría General de la República, que concluyó que la exministra Trinidad Steinert se extralimitó en sus funciones.
Los parlamentarios no descartaron la posibilidad de impulsar una acusación constitucional (AC) contra la exsecretaria de Estado. El objetivo principal de la CEI es determinar las responsabilidades políticas y administrativas de la exministra, evaluar posibles incumplimientos en su desempeño y analizar las eventuales consecuencias institucionales derivadas de estos hechos.
La diputada Tatiana Urrutia, del Frente Amplio y miembro de la comisión de Seguridad, enfatizó la necesidad de respuestas claras por parte del Gobierno.
“El Ejecutivo debe responder todas las preguntas que en su momento se negó a contestar. Queremos ser claros, esto no es una disputa entre oposición y oficialismo. Estamos frente a un hecho grave, porque la ministra encargada de la Seguridad Pública del país se inmiscuyó en una investigación vinculada al crimen organizado. Si hoy Chile sabe que la exministra actuó fuera de la ley es porque este Congreso ejerció su labor fiscalizadora”
Por su parte, el diputado Jaime Araya (Ind-PPD), integrante de la comisión de Seguridad Ciudadana, explicó la cautela en no presentar una acusación constitucional de manera inmediata.
“Queremos hacer las cosas bien y no instrumentalizar esta herramienta fiscalizadora como lo hicieron el Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario y Chile Vamos”
Araya hizo alusión al fallido proceso contra el exministro Nicolás Grau y añadió que la investigación actual busca precisar qué información manejaba el Presidente de la República, los asesores del Segundo Piso y el ministro del Interior. Recalcó que la Contraloría, un ente imparcial, calificó lo ocurrido como ilegal. “No descartamos una acusación constitucional si aparecen antecedentes graves y serios respecto de las actuaciones de la ministra o de otras autoridades del Gobierno, pero hoy corresponde investigar a fondo y establecer todas las responsabilidades”, sentenció.
En línea con sus colegas, el diputado Raúl Leiva (PS) señaló que “en el conjunto de la oposición hemos resuelto constituir una comisión especial investigadora que analice estos actos de gobierno y sus eventuales consecuencias en otros órganos del estado”.
Desde la Democracia Cristiana (DC), el diputado Patricio Pinilla complementó la postura. “Nosotros hemos decidido ser muy responsables con las herramientas fiscalizadoras que tiene la Cámara de Diputados (…) Como hemos dicho, no descartamos una acusación constitucional, pero para esos efectos necesitamos recopilar más antecedentes, conocer también las opiniones de los involucrados y, por supuesto, establecer con claridad lo que nosotros pensamos, que hay un conjunto de irregularidades que se han cometido en este episodio”. La CEI se perfila como el primer paso para desentrañar el alcance de la actuación de la exministra y sus posibles ramificaciones en el aparato estatal.
