Trabajadores del Servicio de Reinserción Social Juvenil, antes conocido como Sename, se movilizaron en Concepción para denunciar la grave crisis de violencia e inseguridad que afecta tanto al personal como a los jóvenes bajo su tutela. La protesta surge a raíz de la falta de respuestas concretas a las propuestas que los funcionarios han presentado a las autoridades regionales y ministeriales.
A más de un año de la transición del Sename a este nuevo organismo, la institución parece seguir inmersa en los mismos problemas que motivaron su cambio. Aunque los desafíos son de índole nacional, en la región del Bío Bío se observan particularidades que complican aún más la situación, especialmente en el Centro de Internación de Coronel.
En dicho centro, tanto jóvenes como educadores han requerido traslados a recintos asistenciales debido a lesiones sufridas en incidentes. Las problemáticas incluyen el ingreso de drogas, la fabricación de armas hechizas y la imposibilidad de segregar adecuadamente a los internos por edad, sexo o nivel de criminalidad, lo que exacerba los conflictos internos.
El dirigente Raúl Fuentealba detalló las gestiones realizadas ante las autoridades del Servicio y el Ministerio de Justicia. Subrayó la entrega de un documento con dos propuestas clave hace aproximadamente dos semanas.
“Hace aproximadamente dos semanas que le hicimos entrega al Seremi de un documento donde nosotros le planteamos dos temas importantes: uno de carácter estructural, que tiene que ver con trabajar hoy día una modificación real a la ley 20.084 y que nos permita contar con una sección juvenil administrada por Gendarmería de Chile, y lo segundo, una serie de soluciones, de respuestas ante situaciones que ocurren cotidianamente en el centro nuestro y que tiene que ver principalmente con los resguardos que tienen que tomar por parte de Gendarmería de Chile en temas de seguridad”, señaló.
Actualmente, en Coronel conviven jóvenes de 18 años y más, quienes, habiendo sido imputados como menores, permanecen en el Centro de Internación. Esta situación se agrava por la ausencia de una Sección Juvenil habilitada en el penal Bío Bío, diseñada precisamente para estos casos.
El dirigente Alejandro Saavedra complementó que esta crisis es multifactorial, abarcando desde deficiencias en la infraestructura hasta vacíos legales. El centro, entregado en 1999, no cumple con las normativas constructivas actuales.
“El centro fue entregado en 1999; no está con las normas actuales. Hoy día los jóvenes pueden romper las paredes y sacar fierro; hoy día los centros se construyen con otras normas. Problema de la normativa que no permite sancionar a los jóvenes que cometen delitos contra los funcionarios; entonces los jóvenes quedan en la impunidad total. La idea es que haya un tema regulatorio para poder trasladar a los mayores de edad a las secciones juveniles”, manifestó Saavedra.
Saavedra también apuntó a la escasez de oportunidades de reinserción para los adolescentes. A pesar de los programas que impulsa el nuevo organismo, el sector privado se muestra renuente a contratar a jóvenes rehabilitados, lo que dificulta su integración social y laboral efectiva.
En respuesta a los cuestionamientos gremiales, la directora regional (s) del Servicio, Glenda Alarcón, informó a través de un mensaje de video que se han invertido 600 millones de pesos en mejoras para el Centro de Coronel. Además, anunció la renovación de las cámaras de seguridad con una inversión adicional de 300 millones de pesos, sumando medidas específicas para abordar la violencia ejercida por los jóvenes privados de libertad. La efectividad de estas inversiones y la pronta implementación de los cambios legales propuestos siguen siendo la principal demanda de los funcionarios.
