La región de Ñuble enfrenta un alarmante aumento en la disponibilidad y uso de armas de fuego por parte de organizaciones criminales, con las incautaciones policiales disparándose un 254% en apenas cuatro años. Este incremento fue revelado por postulantes al cargo de fiscal regional ante la Corte de Apelaciones de Chillán, subrayando la creciente preocupación en materia de seguridad.
Los datos presentados muestran que en 2021 las policías incautaron 186 armas en la zona, una cifra que escaló a 694 en 2025. Este escenario se ve reflejado en las estadísticas de Carabineros para Chillán, donde los robos con violencia aumentaron un 6,4% y los delitos vinculados al control de armas crecieron un 65%.
Abogados y expertos en persecución penal critican que, si bien Chile ha enfocado sus esfuerzos en investigar delitos consumados, combatir el narcotráfico y perseguir la corrupción, no ha logrado desarrollar una estrategia preventiva eficaz para frenar el flujo de armamento hacia las manos del crimen organizado.
Para Rodrigo Vera Lama, abogado, magíster en derecho penal y exfiscal militar, este fenómeno no es aislado. “Antes era relativamente frecuente encontrarse con armas hechizas, construidas de manera artesanal con tubos metálicos y mecanismos muy precarios. Hoy eso prácticamente desapareció. Lo que estamos viendo es delincuentes con acceso a armas convencionales, muchas de ellas de buena calidad y con un poder de fuego muy superior”, explica el especialista.
Vera Lama también enfatiza que la naturaleza de los homicidios ha cambiado drásticamente. Mientras que décadas atrás predominaban los crímenes con armas blancas, asociados a riñas, “hoy cerca del 70% de los homicidios se cometen con armas de fuego, lo que demuestra un grado distinto de planificación y una mayor capacidad para provocar daño”.
Por su parte, el coronel (r) de Carabineros y especialista en seguridad nacional, Jorge Aguirre Hrepic, subraya la necesidad de una perspectiva más amplia sobre el mercado ilegal de armas, que opera bajo dinámicas muy diferentes al comercio formal.
“Lo primero es entender que el usuario legal de un arma no es el mismo sujeto que participa del mercado ilícito. El delincuente no inscribe armas a su nombre. Obtiene armamento mediante tráfico, robos, intermediarios o mercados clandestinos que operan dentro y fuera del país”.
Aguirre Hrepic advierte que las cifras de incautaciones en Ñuble deben interpretarse con precaución. “Una mayor cantidad de incautaciones puede obedecer a que existen más armas circulando, pero también puede reflejar un trabajo policial más efectivo. Lo importante es que esas armas salgan de circulación antes de que sean utilizadas para cometer delitos”.
En el ámbito legislativo, la Ley 20.813 modificó la Ley N° 17.798 sobre Control de Armas, endureciendo sanciones y otorgando mayores facultades investigativas a fiscales y policías para perseguir el porte y tenencia ilegal. A esto se suma el plan gubernamental “Menos armas, más seguridad”, que incluye un “Plan Anual de Fiscalización de Armas de Fuego”.
Este plan busca revisar anualmente un porcentaje de las armas inscritas en el país. El balance de
