Un ciudadano haitiano fue detenido esta semana por su presunta vinculación con una red de tráfico ilícito de migrantes y lavado de activos. La sorpresa emerge al conocerse que el imputado, Jean Chery Dormeus, presidía una organización no gubernamental (ONG) que recibió más de $50 millones en fondos del Estado de Chile.
La ONG, identificada como Organización para el Desarrollo y Supervisión de Haitianos en Chile (ODEHC), obtuvo estos recursos a través de distintos programas estatales. El Gobierno Regional Metropolitano aportó $30 millones y el Ministerio del Interior, otros $20 millones, en convenios que datan desde el año 2021 y se extendieron hasta 2024, abarcando las administraciones de Sebastián Piñera y Gabriel Boric.
Dormeus, quien es además el único propietario de la Agencia Cananeen, fue arrestado junto a Ezechiel Rome, dueño de la compañía MundoPam. Ambas firmas están siendo investigadas por la fiscalía por su rol en una presunta organización dedicada a la internación ilegal de menores a Chile desde Puerto Príncipe. La Policía de Investigaciones (PDI) concretó las detenciones tras allanamientos realizados el miércoles, y ambos enfrentarán cargos por asociación criminal, tráfico ilícito de migrantes y lavado de activos.
La ODEHC, con domicilio en Pedro Aguirre Cerda y personalidad jurídica desde 2018, ha sido presidida por Jean Chery Dormeus desde 2019, siendo reelecto en 2023. Su nombre figura como representante en todos los convenios firmados con el Estado.
Los $30 millones recibidos del Gobierno Regional Metropolitano se distribuyeron en tres acuerdos, cada uno por $10 millones. Estos proyectos incluían iniciativas como “Integración e Inclusión Migrantes Haitianos Comuna Pedro Aguirre Cerda”, “Mejor Desarrollo Social Migrantes Haitianos Comuna Pedro Aguirre Cerda” e “Integración Social Migrantes Haitianos Comuna Pedro Aguirre Cerda”. No obstante, las resoluciones que aprobaron estos convenios no especifican en detalle el destino de los fondos.
Adicionalmente, la ODEHC recibió financiamiento del Ministerio del Interior. En 2021, bajo la administración de Sebastián Piñera, el entonces ministro Rodrigo Delgado aprobó un decreto exento por $15.150.000. Este convenio, enmarcado en el Programa de Apoyo a la Inclusión de la Población Inmigrante Vulnerable del Fondo Orasmi, estipulaba que los recursos debían destinarse a “cursos de aprendizaje del idioma español para la población inmigrante no hispanohablante”.
Tres años después, en 2024, la ODEHC volvió a adjudicarse fondos del mismo programa, esta vez por $5 millones, con un decreto firmado por la ministra Carolina Tohá. El proyecto se denominó “Escuela de lenguaje español para migrantes haitianos vulnerables de Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo y La Cisterna”.
La conexión de Jean Chery Dormeus con el ámbito público también se extiende a una reunión de lobby que sostuvo el 22 de mayo de 2024 con Charlene Dilla, asesora del director del Servicio Nacional de Migraciones, para tratar temas de “elaboración” no especificados en el registro público. Mientras Dormeus y Rome esperan su formalización, la investigación se profundizará para esclarecer el uso de los fondos estatales y la magnitud de la red de tráfico que lideraban.
