El exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, compareció este miércoles ante la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara para defender su gestión. Su defensa se centró en las decisiones que permitieron el ingreso de niños haitianos bajo procesos de reunificación familiar, a pesar de que la Contraloría General de la República concluyó que el organismo, bajo su mando, actuó ilegalmente al flexibilizar requisitos establecidos por ley.
La comparecencia de Thayer ocurrió horas después de que se divulgara el informe final del ente fiscalizador, con la contralora Dorothy Pérez presente en la misma sesión. El informe de Contraloría confirmó que el Servicio de Migraciones aplicó criterios excepcionales sin contar con las atribuciones legales necesarias para ello.
La postura de Thayer fue clara: el Estado se vio enfrentado a una disyuntiva entre el cumplimiento estricto de procedimientos administrativos y la necesidad de salvaguardar el interés superior del niño y el derecho a la unidad familiar. En sus palabras,
“No es fácil lidiar en la realidad de la administración pública con estas contradicciones que tiene la ley”
.
La sesión también incluyó la exposición de la contralora Dorothy Pérez, quien detalló las conclusiones de la investigación sobre los procesos de reunificación familiar entre 2022 y 2025, revelados inicialmente por Radio Bio Bio. Pérez señaló que el problema no solo radicó en las excepciones implementadas por Migraciones, sino también en una notable falta de coordinación entre las instituciones involucradas y en las deficiencias para seguir la trazabilidad de los menores que ingresaban al país.
La contralora enfatizó la falta de acción por parte de las entidades:
“Constatamos que estas entidades no habían implementado acciones para cumplir con sus deberes legales de coordinación”
. Además, añadió que
“en general, vimos que no existen procedimientos que se hicieran en conjunto para verificar la trazabilidad de la situación de los menores que ingresan al país, en el marco de la reunificación familiar, sobre todo con el objetivo de asegurar su protección”
.
El informe final de Contraloría fue contundente al establecer que los requisitos y documentos exigidos por la Ley de Migración no podían ser modificados a través de un simple memorándum interno, tal como lo hizo el servicio dirigido por Thayer.
A pesar de las conclusiones de la Contraloría, Luis Thayer valoró el trabajo del organismo, pero defendió la legalidad de sus decisiones y anunció que mantendrá esa posición en las instancias futuras. Su principal argumento se basó en el complejo contexto que enfrentaba el país con respecto a Haití.
Thayer calificó la situación de algunos países como desafiante:
“Desde el punto de vista del gobierno, nos toca lidiar con los Estados en su situación real. Durante esos años nos tocó lidiar con un Estado fallido como el de Haití, como uno dictatorial, como Venezuela”
, puntualizó.
Explicó que la imposibilidad material de obtener ciertos documentos en Haití, especialmente aquellos que requerían apostilla o trámites consulares, hacía inviable el proceso para cientos de familias.
“La imposibilidad de obtener ese documento y la no tramitación de las visas, en ese momento, nos lleva indefectiblemente a vulnerar el interés superior del niño y el principio constitucional de unidad familiar”
, sostuvo Thayer, justificando la exención temporal de algunos procedimientos consulares.
El exdirector reafirmó su postura:
“La determinación que tomamos en cuanto al trámite de la legalización del documento se fundamenta en argumentos legales que sostenemos y vamos a sostener en las instancias que quedan por delante”
. Agregó que:
“Vamos a defender nuestros argumentos, que no sólo están en la defensa del interés superior del niño, sino también en las facultades que otorga el Estatuto Administrativo a las jefaturas de servicio”
.
Finalmente, Thayer indicó que la decisión de su servicio de asumir directamente la revisión y verificación de documentos de familias haitianas se debió al cierre del consulado y a las dificultades para completar las legalizaciones exigidas, planteando que
“La alternativa era cerrar la reunificación familiar”
.
