La Contraloría General de la República, a través de su titular Dorothy Pérez, reveló este miércoles una delicada denuncia sobre presuntos pagos a una funcionaria del Servicio Nacional de Migraciones (SNM). Esta acusación, dada a conocer en la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, apunta a una posible agilización de trámites de ingreso para niños haitianos a cambio de dinero. El antecedente surge en medio del análisis de un informe fiscalizador que cuestiona la legalidad de ciertos criterios aplicados por el SNM.
Según detalló la contralora Dorothy Pérez ante la comisión, la denuncia señala que la funcionaria del SNM “habría agilizado -según indicaba la denuncia- la tramitación de documentos migratorios a cambio de pagos”. Sin embargo, la autoridad fue enfática en establecer los límites de la investigación administrativa que compete a su organismo.
Pérez explicó que la Contraloría no posee facultades de persecución penal, labor que corresponde exclusivamente al Ministerio Público. Por esta razón, el ente fiscalizador no logró acreditar formalmente los hechos denunciados durante su propia pesquisa. Al respecto, señaló que no contaban con “todos los elementos para realizar la investigación que se requería”.
Pese a esta limitación, la contralora informó que la totalidad de los antecedentes reunidos fueron derivados al Ministerio Público. Será esta institución la encargada de llevar a cabo las diligencias y pesquisas correspondientes para esclarecer los hechos denunciados.
Esta información se presentó en el marco de la misma sesión donde se revisaba el informe final de la Contraloría sobre el proceso de reunificación familiar de niños haitianos. Dicha investigación detectó una serie de deficiencias, incluyendo fallas en la coordinación institucional, el control documental y la aplicación de la normativa migratoria vigente.
El caso ha generado un intenso debate en los ámbitos político y administrativo. Se cuestiona el actuar del Servicio Nacional de Migraciones y las decisiones tomadas durante el período 2022-2025, cuando Luis Thayer estuvo a cargo de la dirección del organismo, especialmente en lo relativo a la flexibilización de requisitos para el ingreso de menores al país.
