El debate sobre el empleo público ha resurgido, impulsado por las políticas laborales del Gobierno. Expertos insisten en la necesidad de reformas, señalando la notable disparidad en el crecimiento entre el sector público y el privado.
Según María José Abud, directora Ejecutiva del Centro de Estudios Horizontal, la tasa de crecimiento del empleo público entre 2017 y diciembre de 2025 alcanzó un 36%, superando ampliamente el 14% registrado en el sector privado durante el mismo período. Abud advierte que incluso el Estado parece desconocer la cifra exacta de sus funcionarios, una situación compleja dada la discrepancia entre los datos que manejan la ANEF y la Dirección de Presupuestos (Dipres).
El último informe de la Dipres indica que a marzo de 2026, el Gobierno Central contaba con 549.237 cargos efectivos, lo que representa un aumento de más de 14.000 cargos respecto a diciembre anterior. La cifra se acerca al 94,8% de la autorización máxima de personal permanente fijada en la Ley de Presupuestos 2026. A nivel anual, el personal total del Gobierno Central, excluyendo municipios, se incrementó en 41.093 personas.
Desde el ámbito técnico, se subraya que el crecimiento económico y la inversión dependen de una reforma integral al empleo público. Entre las propuestas destacan la unificación del régimen de carrera funcionaria y la modificación del sistema de Alta Dirección Pública (ADP) para que opere de manera más colegiada.
José Antonio Valenzuela, director Ejecutivo del Centro de Incidencia Pivotes, señala que el Estatuto Administrativo del Estado ha permanecido prácticamente inalterado, mientras que las cifras actuales exceden el marco legal. «Solo un máximo del 20% de los funcionarios en el Estado pueden pertenecer a funcionarios de contrata. Y sin embargo, llegamos a alrededor de un 60%», afirmó, explicando que esto se debe a mecanismos que permiten aumentar la dotación vía ley de presupuesto.
Enrique Rajevic, Director Ejecutivo del Centro de Estudios Espacio Público, aborda la reforma del sistema de ADP, cuestionando el incumplimiento de los períodos establecidos y la evaluación de su desempeño. «Tenemos que darles una estabilidad que permite que la remoción sea porque, efectivamente, la persona no está desarrollando bien su labor directiva. De lo contrario, la reforma queda incompleta, genera falta de confianza pública», advirtió.
Actualmente, el promedio de ocupados en Chile que ejercen como funcionarios públicos representa aproximadamente el 13% del total.
