Un conductor de 38 años fue formalizado este lunes por el delito de conducción temeraria, luego de ser sorprendido el pasado domingo circulando a 264 km/h por la Costanera Norte en Vitacura. Pese a la extrema velocidad y los antecedentes del implicado, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago solo determinó dejarlo con firma mensual y arraigo nacional, otorgándole la libertad inmediata.
El hecho ocurrió cuando el chofer, a bordo de un BMW modelo M2, superó con creces la velocidad máxima permitida de 100 km/h en la autopista urbana, lo que llevó a su detención por parte de Carabineros. La audacia de su actuar y el riesgo generado fueron evidentes en la vía pública.
Durante la formalización, la Fiscalía Oriente había solicitado la medida cautelar de arresto domiciliario total. Sin embargo, la jueza Ximena Rivera Salinas desestimó esta petición, optando por una libertad vigilada que ha generado debate.
La misma jueza dictaminó la prohibición de dar a conocer públicamente la identidad del imputado, así como cualquier antecedente que pudiera llevar a su identificación. Esta medida limita la transparencia en un caso de alto impacto.
Sobre el individuo, oriundo de la comuna de Lo Barnechea, se sabe que proviene de una familia ligada a un poderoso grupo empresarial en Chile. Posee participación en una sociedad que forma parte de la matriz controladora de una importante empresa de telecomunicaciones chilena, y también integra otras sociedades vinculadas al sector agro.
Aunque su relevancia en el ámbito económico del país es notoria, el nombre del grupo se omite en esta nota para respetar la orden judicial, dado que contiene el apellido del imputado. No obstante, se puede señalar que tiene relación directa con un conocido empresario vinculado a diversas industrias y consejero de una destacada federación gremial.
Cabe mencionar que tanto este empresario como dos de sus hermanos han sido mencionados en investigaciones ligadas a los derechos humanos. Esta nota opta por omitir dichos antecedentes para no contravenir la decisión de la jueza Ximena Rivera de proteger los parentescos del imputado.
Un punto crítico de la resolución es que el imputado fue dejado en libertad y, además, mantiene su licencia de conducir. Durante la audiencia de formalización, no se tomaron medidas para inhabilitarlo de manejar, pese a que en 2009 fue condenado por conducir en estado de ebriedad. Tampoco se consideraron antecedentes previos por la denominada ley de drogas.
La decisión judicial, que libera al conductor y le permite seguir manejando a pesar de su historial y la gravedad del incidente, plantea interrogantes sobre la seguridad vial y la aplicación de la justicia en casos que involucran a personas de alto perfil económico.
