En respuesta directa a la reciente propuesta del presidente José Antonio Kast sobre la creación de un Registro Nacional de Vándalos, la bancada del Partido de la Gente (PDG) ha oficializado una contrapropuesta: la implementación de un Registro Nacional Anticorruptos. La colectividad argumenta que el país debe ser igual de riguroso con los delitos económicos que con los desórdenes públicos.
El debate surgió a raíz de la primera Cuenta Pública de Kast, realizada a inicios de este mes, donde se planteó sancionar a quienes dañan bienes públicos y privados. Si bien desde el PDG calificaron dicha iniciativa como una “buena señal”, advirtieron que el Estado no puede mantener un doble estándar. Según la bancada, la corrupción también socava los cimientos del país, afectando directamente el presupuesto destinado a la salud, la educación y la seguridad.
¿Por qué proponen un registro para corruptos?
El argumento central de la bancada es que la corrupción y los delitos de cuello y corbata generan un daño social equiparable a la vandalización de la infraestructura. El PDG sostiene que las instituciones ya han normalizado el uso de registros para diversos fines, citando como ejemplos el Registro Nacional de Hinchas y el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.
“Así como existen el Registro Nacional de Hinchas, el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y ahora el Registro Nacional de Vándalos, desde el PDG presentamos un proyecto de resolución para solicitar al Gobierno la creación del primer Registro Nacional de Corruptos”, señalaron desde la bancada parlamentaria.
A través de un proyecto de resolución, el grupo parlamentario busca que quienes defrauden al Estado o se apropien de recursos públicos queden debidamente identificados. Los legisladores enfatizaron que la corrupción no puede seguir siendo un fenómeno que se oculta bajo la formalidad de un escritorio o un terno y corbata.
Actualmente, la iniciativa se encuentra en fase de propuesta parlamentaria, quedando pendiente la respuesta del Ejecutivo sobre si considerará esta medida para su tramitación legislativa. La gran interrogante que deja esta propuesta es si el sistema político chileno logrará finalmente homologar las sanciones para la delincuencia de cuello blanco con los registros de control social ya existentes.
