El ingreso de menores haitianos a Chile bajo el programa de reunificación familiar se encuentra bajo un intenso escrutinio. Tras la revelación de un preinforme de la Contraloría General de la República (CGR), que expone fallas críticas en la fiscalización de vuelos chárter desde Puerto Príncipe, han surgido graves acusaciones sobre la posible existencia de una red de tráfico de personas.
Denuncias ante el Ministerio Público
El exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, confirmó en diálogo con El Tema del Día de BioBioTV que durante su gestión, específicamente en 2023, presentaron denuncias ante el Ministerio Público contra agencias de viaje y líneas aéreas. Según Thayer, la información entregada apuntaba a posibles vínculos con delitos de trata o tráfico de personas, antecedentes que hoy son parte de una investigación en curso.
Sobre el procedimiento, Thayer explicó que la reunificación familiar requiere que padres o madres con residencia definitiva en Chile soliciten una visa temporal para sus hijos, acreditando medios de vida y documentos de identidad. El problema radica, según el exdirector, en la falta de control efectivo tras el aterrizaje: "Lo que corresponde es que se derive al tribunal de familia correspondiente para que observe si hay algún tipo de vulneración y le haga seguimiento a ese menor de edad".
Fallas estructurales en el control fronterizo
El preinforme de la CGR advierte una nula interoperabilidad entre la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la PDI y el Servicio de Migraciones, impidiendo cruzar listas de pasajeros con los ingresos reales. Un caso alarmante mencionado es el de tres niños que llegaron al país cuando su padre, quien solicitó la visa, había fallecido hace 30 días.
"Lo que debió haber ocurrido en esa circunstancia es efectivamente la verificación de que el adulto que está en el aeropuerto es quien solicitó la reunificación familiar y, si no, el niño no puede ser entregado", señaló Thayer.
Además, el exdirector denunció que las aerolíneas no respetaban la norma de seguridad que limita a un máximo de tres o cuatro niños por cada adulto responsable. Por estas irregularidades y la imposibilidad de verificar documentos en Haití, el servicio decidió detener la tramitación de visas para menores haitianos a finales de agosto de 2025.
Aunque el último vuelo registrado por la DGAC data de octubre de 2025, Thayer asegura que se trató de personas con visas otorgadas antes del cese de las tramitaciones. Actualmente, el Ministerio Público lidera una investigación de oficio, mientras la opinión pública espera el informe final de Contraloría para esclarecer las responsabilidades institucionales en esta crisis de seguridad y protección a la infancia.
