Con el objetivo de frenar la impunidad en casos de crueldad extrema, el diputado del Partido Socialista, César Valenzuela, ingresó al Congreso el proyecto bautizado como Ley Balto. La propuesta busca modificar el artículo 291 bis del Código Penal para aumentar las penas de cárcel y establecer inhabilidades perpetuas para quienes agredan a animales.
La iniciativa fue nombrada en memoria de Balto, un perro que fue víctima de un violento episodio de maltrato en Quilicura. A pesar de haber intentado refugiarse en su propio hogar tras ser atacado, el animal fue perseguido y asesinado por el agresor, quien en aquel entonces se desempeñaba como dueño de una veterinaria y salón canino.
Detalles de las penas propuestas
El proyecto cuenta con un respaldo transversal de los diputados Sofía González (PC), Valentina Cáceres (FA), Héctor Ulloa (PPD), Juan Marcelo Valenzuela (PDG), Daniel Manouchehri (PS) y Andrés Celis (RN). La normativa establece dos escenarios penales claros:
- Lesiones graves: Si se causa un daño que menoscabe seriamente la integridad física del animal, la pena será de presidio menor en su grado medio (541 días a 3 años de cárcel), además de multas entre 10 y 30 UTM.
- Muerte del animal: Ante el fallecimiento, la sanción sube a presidio menor en su grado máximo (3 años y 1 día hasta 5 años de cárcel) con multas de 20 a 30 UTM.
En ambos casos, el proyecto estipula la aplicación de una inhabilidad absoluta perpetua para la tenencia y el trabajo con cualquier especie animal, una medida que busca evitar que personas con antecedentes de crueldad sigan vinculadas al sector.
¿Por qué es necesario endurecer la Ley Balto?
Al respecto, el diputado César Valenzuela fue enfático en señalar la importancia de esta reforma para el sistema judicial actual:
Frente a maltratos de tal nivel de crueldad, nuestro sistema no permita que queden en impunidad y que personas que son capaces de cometer este nivel de atrocidades no puedan nunca más trabajar con animales.
El texto argumenta que, aunque las denuncias por maltrato han crecido significativamente en el último tiempo, las bajas penas actuales permiten salidas alternativas al juicio, lo que diluye la gravedad del delito. La falta de consecuencias laborales también ha permitido que agresores sigan operando en el rubro, una realidad que la Ley Balto pretende erradicar definitivamente. La tramitación legislativa recién comienza y se espera que el debate se centre en la efectividad de las nuevas penas para disuadir este tipo de conductas en el país.
