El Tribunal Constitucional (TC) dio luz verde a la tramitación de los requerimientos parlamentarios presentados contra el proyecto de Escuelas Protegidas. La iniciativa, impulsada por el sector que lidera José Antonio Kast, enfrenta ahora un proceso legal que busca determinar la constitucionalidad de varios de sus articulados tras la acción conjunta de diversas fuerzas políticas.
La impugnación fue interpuesta por legisladores de la oposición, incluyendo representantes del Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Partido Por la Democracia. A este bloque se sumaron integrantes del Partido de la Gente junto a diversos legisladores independientes, quienes cuestionan las bases jurídicas de la propuesta.
Detalles de la impugnación constitucional
¿Qué puntos específicos del proyecto son los más cuestionados? Según el comunicado oficial emitido por el organismo, los requerimientos apuntan directamente a la validez de los artículos 1°, 2° y 6° del texto normativo. El tribunal recibió dos presentaciones principales:
- Un requerimiento formal presentado por un grupo de senadoras y senadores.
- Una acción paralela interpuesta por un conjunto de diputadas y diputados.
El primero fue presentado por un grupo de senadoras y senadores, quienes impugnan la constitucionalidad de diversas disposiciones del proyecto, entre ellas normas contenidas en los artículos 1°, 2° y 6°.
La resolución fue adoptada por el Pleno del tribunal, el cual estuvo compuesto por la totalidad de sus diez ministros titulares. Tras esta determinación de admisibilidad, el proceso entró oficialmente en la etapa de análisis de fondo.
¿Qué sigue para el proyecto de Escuelas Protegidas?
Tras la resolución de esta tarde de martes, el Tribunal Constitucional ha dejado los requerimientos en condiciones de continuar con su tramitación. El escenario ahora se desplaza hacia la deliberación interna del tribunal, donde los ministros deberán pronunciarse sobre el fondo del asunto para determinar si el proyecto, tal como fue redactado, se ajusta a la normativa vigente en Chile o si requiere modificaciones significativas.
