Hallazgos críticos de la Contraloría
Un preinforme de la Contraloría General de la República ha destapado graves irregularidades en el programa de reunificación familiar del Servicio Nacional de Migraciones. La auditoría, identificada como número 41, analizó el ingreso de más de 300 niños haitianos al país entre enero y abril de 2025. El documento, al cual tuvo acceso Reportajes T13, expone un drama humanitario tras no lograr ubicar a la mayoría de los menores seleccionados en la muestra de auditoría.
Entre el 13 y 28 de enero de 2025, equipos de la entidad fiscalizadora visitaron ocho comunas de la Región Metropolitana: Quilicura, Cerrillos, Puente Alto, Estación Central, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, Conchalí y San Bernardo. De los 105 menores analizados, solo 41 fueron encontrados en las direcciones declaradas. Los 64 niños restantes no fueron habidos, detectándose casos donde los menores no vivían con el adulto responsable, no estaban en el domicilio registrado o situaciones de presunta desaparición.
Fallos en la fiscalización estatal
El documento es tajante al cuestionar el rol de la Subsecretaría de la Niñez, señalando que sus oficinas locales no realizaron un seguimiento oportuno del bienestar de los NNA (niños, niñas y adolescentes) haitianos. La falencia quedó en evidencia solo cuando dicho servicio acompañó a Contraloría en las inspecciones a terreno. El reporte describe hallazgos preocupantes como el fallecimiento del padre antes del ingreso de los niños o denuncias por presunta desgracia.
Un caso crítico citado es el de un padre en San Bernardo que, al ser contactado por los fiscalizadores, informó que había denunciado la desaparición de su hija y la madre de esta meses atrás. Respecto a la PDI, el informe reprocha que el Departamento de Migraciones carece de manuales detallados de control migratorio. La policía admitió mediante el oficio RES N°16, del 30 de abril de 2025, que recién se encuentran desarrollando un manual de procedimiento adecuado.
Origen de la investigación y sospechas de corrupción
La investigación de Contraloría se gatilló por dos alertas: el aumento de vuelos privados desde Haití y una denuncia anónima sobre asesorías irregulares de una funcionaria del Servicio Nacional de Migraciones, quien cobraría por tramitar documentos. La PDI informó que entre enero y abril de 2025 ingresaron 3.235 ciudadanos haitianos, de los cuales 2.792 fueron bajo reunificación familiar, siendo 1.476 llegados en vuelos chárter (Galistair GH6011, Aruba Airlines AG01 y Aruba Airlines ZZ02-E) que hoy son objeto de sospecha.
Un ejemplo de las gestiones fallidas ocurrió con tres menores cuyo padre falleció un mes antes de que llegaran a Chile. Pese a que se les otorgó el permiso de residencia el 13 de febrero de 2025, no hubo gestión oportuna sobre su destino. El Servicio Nacional de Migraciones, consultado en agosto de 2025, solo respondió que trabajaban en un protocolo sin dar plazos. Actualmente, la Fiscalía Metropolitana Norte investiga posibles delitos de cohecho y soborno. La magnitud del fenómeno es amplia: entre mayo de 2020 y abril de 2025 ingresaron más de 21 mil ciudadanos haitianos al país.
