En un giro drástico hacia una política migratoria más rígida, el gobierno de Javier Milei informó este martes que un total de 14.000 extranjeros fueron expulsados de Argentina durante la primera mitad de 2026. La medida afecta a individuos que presentaban antecedentes penales, alertas rojas de Interpol, impedimentos legales, casos de extradición o que intentaron ingresar al país vulnerando las normas vigentes.
La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, oficializó las cifras a través de un video difundido en redes sociales. Según la autoridad, la gestión actual busca priorizar a quienes llegan para trabajar e invertir, marcando un límite claro para aquellos que no cumplen con el marco legal argentino.
"En los últimos seis meses, 14.000 personas fueron expulsadas, personas con antecedentes penales, alertas rojas de Interpol, impedimentos legales, extraditados y los que intentaron ingresar incumpliendo nuestras normas. Todos, afuera", afirmó Monteoliva.
Antecedentes y nuevas medidas de control
Este balance de 14.000 expulsiones es el resultado de una serie de reformas profundas iniciadas en mayo de 2025. En aquel periodo, el Ejecutivo trasandino modificó el régimen migratorio, restringiendo el acceso a la residencia, eliminando la gratuidad en la atención médica hospitalaria para extranjeros y aplicando aranceles específicos a estudiantes internacionales no residentes.
La arquitectura de seguridad fronteriza se ha robustecido con nuevas instituciones. En noviembre de 2025, el gobierno anunció la creación de la Agencia de Seguridad Migratoria, diseñada para coordinar labores de inteligencia y control policial en los límites territoriales. Complementariamente, en febrero de 2026, comenzó a operar el Centro de Análisis de Información Migratoria y Fronteriza (CAIMF).
Con estas acciones, la administración de Javier Milei reafirma su intención de mantener un control estricto sobre el flujo migratorio, proyectando un escenario donde la permanencia en el país estará supeditada estrictamente al cumplimiento de las nuevas exigencias legales. ¿Continuará este ritmo de expulsiones en la segunda mitad del año o el sistema migratorio logrará estabilizarse tras estas reformas?
